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Reportaje:

"Un ramo de flores en su ataúd"

La Junta de Andalucía debe pagar 1,7 millones a Carmen Fernández -fallecida en diciembre- por haberle quitado indebidamente sus dos hijos en 1996

Carmen Fernández ya no vive para ver cómo la justicia, por fin, le ha dado la razón. La madre alcohólica y después rehabilitada a quien la Junta de Andalucía le quitó sus hijos en 1996 ha sido indemnizada con 1,7 millones por el Tribunal Constitucional (TC) en una sentencia conocida hoy y que ratifica una anterior de la Audiencia de Sevilla. Sin embargo, Carmen falleció el pasado 7 de diciembre debido a un cáncer que la Audiencia Provincial vinculó con el sufrimiento por no tener a su lado a sus hijos. Su abogado ha declarado que la sentencia "es un ramo de flores en su ataúd".

Gabriel Velamazán, el abogado de Carmen, ha declarado hoy en una rueda de prensa que este es un caso "tristísimo" que espera "no se vuelva a repetir". Velamazán ha señalado a la Junta de Andalucía como "culpable principal" de esta situación. Ahora, hay que "esperar al testamento" de Carmen, ha dicho su abogado, para ver quien cobrará el dinero de la indemnización.

El letrado ha añadido que la resolución del TC le provoca una mezcla de "alegría, pena y asco" porque "con ésta son ya once las resoluciones dictadas a favor de Carmen en su lucha hasta la muerte".

La justicia ha resarcido a Carmen con doce años de retraso, cuando ya no vive. El proceso contra esta mujer comenzó cuando la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta le quitó sus dos hijos en septiembre de 1996 porque consideraba que su alcoholismo dejaba a los pequeños, que entonces tenían 4 y 5 años, en situación de desamparo.

No hubo desamparo

Después de rehabilitarse, Carmen inició una batalla legal para recuperar a sus hijos. El 26 de diciembre de 2002 la Audiencia de Sevilla dicta que no hubo desamparo, que la madre tiene derecho a recuperar a sus hijos, aunque reconoce que ha pasado tanto tiempo que es imposible restañar el daño hecho y que los niños se críen con normalidad volviendo a su casa. El Juzgado de Familia fija una indemnización de 72.000 euros. Todas las partes recurren. En el caso de la Junta porque la considera una cantidad excesiva.

Mientras, la hija de Carmen solicita al juez volver con su madre, lo que se le concede, mientras su hermano prefiere seguir viviendo con la familia de acogida.

El 30 de diciembre de 2005 en una nueva sentencia de la Audiencia de Sevilla se eleva la indemnización a 1,7 millones, un logro del abogado de Carmen, ya que consiguió que se aplicara el baremo para las personas encarceladas injustamente.

"Enfrentamiento entre órganos judiciales"

La Junta presentó un recurso de amparo ante el Constitucional y argumentó que se le hacía "responsable de los daños y perjuicios" sufridos por Carmen con la dilación del juicio. La Junta fue más lejos y culpó a "factores ajenos" como "el ambiente de enfrentamiento entre los órganos judiciales" el alargamiento del proceso judicial, y puso en duda la imparcialidad de la Audiencia de Sevilla.