La Junta recurre en el Supremo el archivo del vertido de Aznalcóllar
Lo ha anunciado la consejera andaluza de Medio Ambiente en una exposición que analiza los diez años de trabajos para descontaminar el Guadiamar
La Junta de Andalucía ha presentado un recurso de casación en el Tribunal Supremo (TS) contra la decisión de este alto tribunal de archivar la demanda contra la multinacional minera Boliden, en la que se reclamaban 90 millones de euros como compensación por el coste de la limpieza del vertido tóxico de 1998 en la balsa de Aznalcóllar.
Así lo ha anunciado hoy la consejera andaluza de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, quien ha subrayado que la descontaminación de la cuenca del río Guadiamar y de la marisma de Doñana tras el vertido de lodos tóxicos y aguas ácidas que causó la rotura de la balsa ha requerido "muchísimo dinero" y "muchísimos trabajos" de las administraciones y los científicos.
Coves ha hecho este anunció en la presentación de la exposición Guadiamar. Ciencia técnica y restauración, en Sevilla, que analiza los diez años de trabajos para descontaminar el Guadiamar. La consejera ha recordado que los tribunales cerraron en 2001 la vía penal de este contencioso; en 2003 la civil, y el año pasado la administrativa.
"No nos vamos a rendir"
"No nos hemos rendido y no nos vamos a rendir nunca", ha advertido la consejera, quien ha anunciado que si la Junta fracasa en su intento de que el Supremo reabra la vía administrativa, solicitará a la Sala de Conflictos del alto tribunal que "diga claramente cuál es la jurisdicción" a la que debe acudir la Junta.
La rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, ocurrida en la madrugada del 25 de abril de 1998, liberó unos 6 millones de metros cúbicos de lodos y aguas ácidas que contaminaron, aguas abajo, 4.634 hectáreas a lo largo de 63 kilómetros del cauce, hasta el límite del parque nacional de Doñana.
La descontaminación de este vertido tóxico requirió la retirada de unos 7 millones de metros cúbicos de suelos contaminados, en la que trabajaron 868 personas durante 208 días y para la que se utilizaron unos 500 camiones que recorrieron casi 17 millones de kilómetros. Estos trabajos, así como la adquisición de los terrenos contamiados para convertirlos en un espacio protegido, le costaron a las administraciones 165 millones, sólo hasta 2003.
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