Una de cada cien mujeres en edad fértil abortó en 2006

Una de cada 100 mujeres de entre 15 y 44 años (el periodo considerado fértil) abortó durante 2006, el último año en que hay datos. La información, facilitada por las comunidades autónomas, ha sido colgada hoy por el Ministerio de Sanidad en su web.

Las cifras muestran que por primera vez desde 1985, cuando se aprobó la despenalización de la interrupción del embarazo en tres supuestos (riesgo para la salud física o psíquica de la madre, violación o malformación del feto), el número de interrupciones del embarazo ha superado las 100.000 (fueron 101.592). Ello representa un aumento del 10,83% en el número de intervenciones (9.928 abortos en términos absolutos) frente al año anterior, la proporción más alta desde 1997. Si se tiene en cuenta el aumento de la población, la tasa de abortos por cada mil mujeres pasa por primera vez de 10 dentro de ese tramo de edad (está en 10,62). El 88% de las interrupciones (89.340) fueron de fetos de menos de 12 semanas.

La serie de los últimos 10 años muestra un crecimiento imparable de las interrupciones del embarazo, que se han duplicado en ese periodo. El Ministerio de Sanidad no quiso comentar las cifras (ellos sólo se limitan a recopilar los datos de las autonomías), pero la tendencia creciente muestra que la educación sexual falla estrepitosamente. También puede indicar un cierto agotamiento de los métodos para evitar el embarazo (miedo a tomar la píldora durante mucho tiempo por sus posibles efectos secundarios a largo plazo, rechazo al preservativo por comodidad por parte de los hombres). Además, se apunta la percepción de que el aborto puede ser, en algunos casos, un método anticonceptivo más. Esta última afirmación viene avalada por los datos: en un 31% de los casos, la mujer ya se había sometido al menos a un aborto con anterioridad. En 1.240 ocasiones se trataba de la quinta (o superior) interrupción.

Una última causa que han apuntado estudios anteriores es que las mujeres, sobre todo las que no tienen pareja —la mitad de las que abortaron— no se sienten preparadas para asumir la doble carga de criar a un niño y de hacer una carrera profesional. Dos datos indicarían esta posibilidad: un poco menos de la mitad (43.998) de las mujeres tiene estudios de bachillerato o superiores. Aproximadamente en la misma proporción (49.634) no tienen ningún hijo.

Los servicios sanitarios privados (aunque sean pagados en parte por la sanidad pública) se encargan de la casi totalidad de las interrupciones (99.044). El ridículo porcentaje de abortos practicados en centros públicos ha incluso disminuido este año, y ahora es del 2,51%. Este reparto tiene su origen en la supuesta objeción de los médicos a practicar abortos en 1985 y al recelo de las autoridades a imponer esta práctica en sus comunidades ante la fuerte campaña de presión que la Iglesia católica y otros grupos hicieron entonces (todavía el año pasado las clínicas abortistas cerraron el 28 de diciembre, cuando los católicos conmemoran la matanza de los Santos Inocentes, para evitar incidentes, informa María R. Sahuquillo).

De los tres supuestos que permiten la interrupción del embarazo, en 98.523 casos se adujo el riesgo para la salud psíquica o física de la madre. Hubo 2.875 por riesgo fetal y 13 por violación. Los críticos con la despenalización afirman que estos datos demuestran que el supuesto del peligro para la mujer es un coladero y que se utiliza para justificar cualquier intervención. Los defensores de una ley de plazos señalan que la ambigüedad del texto legal crea inseguridad jurídica y pone en riesgo tanto a los médicos como a las pacientes. Desde 1998 a 2006, 30 personas fueron condenadas en España por delito de aborto.