Detenido el director de las clínicas registradas en Barcelona por supuestos abortos ilegales

La Guardia Civil ha detenido al director de las clínicas del grupo Ginemedex-TCB, Carlos Morín, que han sido registradas hoy en Barcelona en una operación dirigida por la Fiscalía y un juzgado de instrucción ante las sospechas de que practican de manera reiterada abortos ilegales. Fuentes próximas a la investigación han confirmado que al menos otras cinco personas han sido arrestadas. Entre ellos se encuentran tanto los máximos responsables de las cuatro clínicas inspeccionadas (TBC, Emece, Ginemedex y Fundación Morín) como algunos empleados de estos centros, situados en el barrio de Tres Torres, en la parte alta de la capital catalana.

Morín ha sido detenido en el centro que Ginemedex tiene en el número 61 de la calle Dalmases y ha abandonado la clínica en un coche sin identificar de la policía judicial. Poco después de las tres de la tarde ha concluido el registro de las cuatro clínicas iniciado a primera hora de la mañana por orden del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, que el pasado mes de julio aceptó a trámite la querella presentada hace algo más de un año contra el médico peruano Morín por la organización cristiana e-Cristian.

Durante más de seis horas, agentes de la Guardia Civil han registrado los cuatro centros barceloneses dirigidos por Morín, y han analizado decenas de cajas con documentación sobre los embarazos interrumpidos en estas clínicas.

La investigación se basa en "una supuesta práctica reiterada de interrupciones voluntarias del embarazo radicalmente fuera de los supuestos permitidos por la legislación", según han señalado en un comunicado conjunto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Fiscalía.

Entre 3.000 y 6.000 euros

El artículo 145 del Código Penal contempla que el aborto fuera de los casos permitidos -riesgo para la salud física o psíquica de la madre, malformaciones graves o embarazo por violación- será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria o para prestar servicios de toda índole en clínicas y consultorios ginecológicos públicos y privados durante un tiempo de uno a seis años.

Según informa la Cadena SER, las clínicas registradas hoy cobraban supuestamente entre 3.000 y 6.000 euros para practicar dichos abortos. Para ello falsificaban informes médicos para darles apariencia de legalidad.

Alguno de los centros investigados ya han sido objeto de operaciones similares en el pasado a raíz de diversas denuncias, algunas de ellas después de la investigación llevada a cabo por una televisión danesa.

Desde que se aprobó la despenalización del aborto en España, en 1985, las interrupciones voluntarias del embarazo al amparo de la ley han ido aumentando hasta situarse en torno a las 90.000 anuales.