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El Gobierno y las comunidades ponen en marcha el sistema de Dependencia con las críticas del PP

Gobierno y comunidades fijan el baremo para medir el grado de discapacidad

El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado esta tarde la constitución del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia, el órgano que regirá la puesta en marcha y el desarrollo del futuro sistema para la atención a las personas dependientes. La creación de este órgano se ha hecho por "asentimiento", pero los consejeros de las autonomías del PP se han negado a participar en las distintas votaciones, al considerar "abusivos" la representación del Gobierno y el sistema de toma de decisiones en este órgano.

La consejera madrileña de Servicios Sociales y Familia, Beatriz Elorriaga (PP), ha explicado a la prensa que las CC AA populares "no consideran que el Consejo de Dependencia esté creado" y ha avanzado que habrá una consulta a sus respectivos servicios jurídicos para ver si procede la impugnación de su constitución. Las comunidades del PP no han votado ni el reglamento de funcionamiento del Consejo Territorial -imprescindible para la aplicación de la Ley de Dependencia- ni tampoco el baremo estatal ni los criterios de evaluación de las personas dependientes.

La secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, ha asegurado que la postura de los populares no tendrá "ninguna implicación" en el desarrollo del futuro sistema y que los dependientes de mayor gravedad empezarán a recibir la debida atención a partir de esta primavera, dado que la Ley es "de obligado cumplimiento".

El Gobierno y las comunidades autónomas han constituido esta tarde el Consejo Territorial de la Dependencia, para estipular los baremos de medición de la discapacidad. Este órgano, creado a partir de la Ley de Dependencia, establecerá el tipo de prestación a la que tendrá derecho cada persona en función de su grado de dependencia. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera ha presidido la reunión.

"Hoy iniciamos ese camino de solidaridad y atención a las personas que no pueden valerse por sí mismas, tanto si son mayores, como si están afectadas por alguna discapacidad", ha destacado Caldera al comienzo de esta reunión. Según Caldera, Trabajo espera que "a lo más tardar" el próximo día 1 de abril se pueda ya establecer la valoración de las personas afectadas por dependencia. "A partir de ese momento podrán empezar a recibir los servicios y prestaciones económicas que recoge la ley", ha añadido el titular de Trabajo y Asuntos Sociales.

Una vez aprobado el baremo, los servicios sociales de cada comunidad autónoma evaluarán a todo el ciudadano que quiera para determinar su posible grado y nivel de dependencia y los servicios a los que tienen derecho. A día de hoy, España cuenta con 200.000 grandes dependientes, un grupo que incluye a ancianos y discapacitados que necesitan ayuda varias veces al día o supervisión y apoyo generalizado. Con la nueva ley a este grupo se irá incorporando paulatinamente los dependientes moderados.

Cada comunidad autónoma coordinará a través de este Consejo el desarrollo de la Ley y la atención a las personas dependientes. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que dirige Jesús Caldera, prevé que este sistema de valoración empiece ya a funcionar en primavera. La intención de Trabajo es que las evaluaciones empiecen a realizarse en abril para que los dependientes graves puedan recibir la atención antes de verano.

Según estos cálculos, en febrero estará listo el decreto que regulará la intensidad de los servicios y las prestaciones económicas. Ahora, tanto el Gobierno como las comunidades autónomas están preparando los criterios que determinarán la aportación económica que deberán realizar los usuarios, en función de su renta y el patrimonio.

El Consejo estará constituido por el titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 17 consejeros de las comunidades autónomas, 11 representantes de la Administración General del Estado, un representante por Ceuta y otro por Melilla y otros dos designados por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Los funcionarios de cada Junta autonómica ofrecerán un formulario con preguntas sobre la capacidad para realizar tareas diarias del dependiente; hay un baremo específico para las personas con discapacidad física y otro para la discapacidad intelectual o enfermedad mental.

Los técnicos evaluarán la dependencia siguiendo unas tablas de valoración de entre 25 y 100 puntos, en función de las respuestas recibidas sobre cuestiones como los problemas para abrir botellas, cortar la carne, sorber las bebidas, lavarse las manos, cortarse las uñas, calzarse o abrocharse un botón.

Baremo específico hasta los 3 años

Además, habrá un baremo específico para valorar la dependencia de los niños de 0 a 3 años. El documento establece tres grados de dependencia (moderada, grande y severa) pero sin niveles en cada uno de ellos.

Los expertos evaluarán también las funciones mentales y estructuras del sistema nervioso, sensoriales y del dolor, la voz y el habla, los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico, respiratorio, digestivo, la movilidad y las funciones genitales y reproductoras, entre otras.