El Gobierno llega un principio de acuerdo con sindicatos y patronal sobre la ley de dependencia

El Gobierno ha llegado a "un principio de acuerdo" con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y con la patronal CEOE al respecto de la Ley de Dependencia. El Ejecutivo tiene previsto aprobar este viernes el proyecto, una de las reformas a las que más importancia otorga en esta legislatura, y que garantizará a toda persona dependiente (es decir, que no se vale por sí misma; 1,3 millones de españoles) su derecho a recibir atención del Estado (quedará equiparado así a la sanidad, la educación o las pensiones).

El coste de la medida podría ascender al 1% del Producto Interior Bruto, y su complejidad alargará su puesta en marcha ocho años. El Gobierno ha propuesto que lo costeen a medias la Administración Central y las autonomías, pero además el usuario deberá hacer una aportación en función a su capacidad económica. Así lo ha avanzado esta tarde el secretario de Empleo y de Protección Social de UGT, Jesús Pérez, que ha apostillado que el texto negociado debe ser refrendado aún por los agentes sociales antes de su firma, prevista para mañana o pasado mañana.

El Gobierno quiere equiparar la atención a todos aquellos que por vejez o enfermedad no se puedan valer por sí mismos con el derecho universal a la educación, la sanidad y las pensiones. Según el ministerio de Trabajo, 1,3 millones de personas se beneficiarían en España de ese cuarto pilar del Estado del Bienestar. En la actualidad, sólo el 6,5% de las familias con personas dependientes a su cargo cuentan con ayuda de los servicios sociales. El 83% de los familiares que se dedican en exclusiva a cuidar de esas personas son mujeres.

El PSOE tenía cerrado prácticamente el acuerdo con Izquierda Verde (IU-ICV) y Esquerra Republicana de Catalunya para aprobar la ley en el Parlamento, y tenía también muy avanzada la negociación con sindicatos y patronal. Queda sin embargo el escollo de las comunidades, que tienen transferida la competencia y a las que debe convencer de que asuman el 50% de los costes. Es de suponer que aquellas gobernadas por el Partido Popular se muestren reticentes, lo que podría retrasar la aprobación de la ley.

El Gobierno calcula que no será hasta 2008 cuando la ley esté a pleno rendimiento. La asistencia debe incluir ayuda a domicilio, teleasistencia y nuevos centros de día (sólo el 3,14% de los mayores de 65 años acceden a la primera, el 2,05% a la segunda y el 0,46% tienen plaza en un centro de día), la habilitación de nuevas plazas en residencias y las ayudas a las familias que se dediquen por completo a cuidar de sus enfermos o discapacitados.