Trabajo prevé duplicar en ocho años el gasto en atención a personas dependientes

España tendrá que atender a más de casi tres millones de personas dependientes -que necesitan ayuda para sus tareas diarias-, por lo que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aumentará en los próximos años el gasto que dedica a cuidar de estas personas hasta situarlo en 8.500 millones anuales, más del doble del gasto actual, en 2013. Además, el plan diseñado por el ministerio para esta función supondrá la creación de al menos 300.000 empleos, según ha explicado el ministro Jesús Caldera.

El ministro ha presentado en el Congreso, junto a la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, el Libro Blanco de la Dependencia, elaborado para ofrecer un diagnóstico de la situación actual de las personas dependientes en España y para servir de base para una futura ley que regule lo relativo a este tema. Según el Libro Blanco, en España hay 1.125.190 personas con dependencia grave o severa y 1.657.400 personas que necesitan algún tipo de ayuda para realizar actividades de la vida diaria. Actualmente, se ocupan de las necesidades de estas personas sus propias familias, pero sólo el 6,5% de estas cuenta con apoyo de los servicios sociales.

El sistema nacional de atención de las personas dependientes que quiere crear el Gobierno garantizará la universalidad y el carácter público de las prestaciones -ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día y residencias-, pero la financiación, ha dicho el ministro, será mixta. Es decir, será compartida entre la administración central del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos y las familias "en función de sus posibilidades económicas". En todo caso, el ministro ha asegurado que el compromiso de su departamento es que para financiar la atención no se elevarán los impuestos ni se encarecerán los costes laborales.

El Libro Blanco no prevé crear una red pública de centros, sino aprovechar y extender la ya existente y hacer compatible la prestación pública de servicios y la concertación con centros privados que cumplan los requisitos de calidad que se exijan. Además, el sistema tendrá una gestión descentralizada, garantizará la igualdad en el acceso en todo el territorio y establecerá "equipos de valoración" que analizarán el nivel de dependencia de cada persona -grave, severa o moderada- para determinar qué atención necesita cada persona.

Los datos del Libro Blanco serán debatidos próximamente en una ronda de contactos con las comunidades autónomas, agentes sociales y grupos políticos, con el objetivo de alcanzar el máximo nivel de consenso respecto el proyecto de Ley. Estas conversaciones comenzarán el próximo día 27 con las autonomías, según han informado fuentes oficiales.