Las solicitudes de órdenes de protección subieron un 55,2% en el primer trimestre de 2004

En los ocho primeros meses de aplicación de la orden de protección por violencia doméstica, que entró en vigor en agosto de 2003, se han solicitado en España 15.107 órdenes, de las que se han concedido 11.642, según datos facilitados hoy por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No obstante, a los tres meses de ser acordada la orden de protección el juez correspondiente debe ratificar o revocar las medidas dictadas de forma cautelar, por lo que no todas están en vigor en la actualidad.

Un total de 7.577 personas solicitaron 7.238 órdenes de protección durante el primer trimestre de 2004, lo que supone un incremento del 55,2% en la media mensual de solicitudes respecto a los primeros cinco meses de aplicación de este nuevo instrumento procesa (de agosto a diciembre de 2003). La disparidad entre el número de víctimas solicitantes y el número de órdenes solicitadas se debe a que dentro de una petición de orden de protección pueden estar contenidas dos o más víctimas. Así, entre enero y marzo de 2004, la media mensual de peticiones fue de 2.442, mientras que en el periodo anterior (entre agosto y diciembre de 2003) se solicitaron un total de 7.869 órdenes, lo que significa 1.574 peticiones al mes.

De estas peticiones, en 2004 los jueces acordaron un total de 5.638 órdenes de protección, lo que significa, que han dictado un 77% del total de peticiones. Respecto a los solicitantes durante el primer trimestre de 2004, un 92% de las víctimas eran mujeres, frente a un 8% de los hombres. A su vez, un 78,5% de los peticionarios tenían nacionalidad española frente a un 19,5% de extranjeros. Además, el CGPJ cifra en 22.106 las denuncias por malos tratos realizadas en España durante el primer trimestre de este año. La media mensual de denuncias por malos tratos entre enero y marzo de 2004 fue de 7.369, es decir 975 denuncias más que la media mensual durante 2003 -6.394-, año en el que se presentaron 76.732 denuncias, lo que supone un aumento de un 15,2%.

Una mayor confianza de las víctimas

Los jueces pueden acordar, dentro de la orden de protección, medidas penales y civiles. Las medidas penales derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares que se pueden dictar al margen de la orden de protección, por otra parte, superaron a las civiles. Así, se acordaron 11.171 medidas penales, siendo la orden de

alejamiento la más numerosa (6.124), seguida de la prohibición de comunicación (3.186), la prohibición de volver al lugar (1.358), la privativa de libertad (341) y otras (166). De naturaleza civil, los jueces dictaron un total de 3.442 medidas, siendo las más numerosas las que se referían a custodia, visitas y comunicación con los hijos (1.182), y atribución de la vivienda (1.177). Le sigue la referida a prestación por alimentos (937) y protección del menor para evitar un peligro o perjuicio (74).

Por comunidades autónomas, Cataluña, Andalucía y Madrid son las tres que más solicitudes de órdenes de protección recibieron, en parte también porque son las más pobladas de España. En Cataluña, se pidieron un total de 1.414, de las que se concedieron 1.134; en Andalucía, 1.306, de las que 1.069 fueron concedidas; y en Madrid 1.022, de las cuales 650 recibieron luz verde. La comunidad autónoma donde se presentaron menos solicitudes de órdenes de protección fue Cantabria, con 64, de las que se concedieron 42.

La secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, ha valorado positivamente el incremento en un 55% de las solicitudes de orden de protección durante el primer trimestre de 2004, porque refleja un aumento en la confianza de las víctimas hacia los sistemas de protección. En este sentido, también ha hecho referencia a que un 12% de las 22.106 denuncias por malos tratos presentadas en este periodo fueron finalmente retiradas, lo que pone de manifiesto que hay cautelas y filtros ante la utilización de esta violencia para hacer falsas acusaciones, en referencia a aquellos que aseguran que hay un importante número de denuncias falsas en estos casos.