El ministro de Justicia insiste en que la custodia compartida "no es una imposición"

El Gobierno ha dado hoy luz verde al anteproyecto de ley para la reforma del divorcio, que elimina el trámite de separación, simplifica el proceso y contempla la posibilidad de compartir la custodia de los hijos. En este sentido, el más polémico de la reforma, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha insistido en que "no es una imposición" y tan sólo pretende ser un instrumento para garantizar los derechos de los menores.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, López Aguilar ha respondido a las críticas expresadas al respecto de la custodia compartida. El titular de Justicia ha insistido en que esta posibilidad, hasta ahora no contemplada, se pone a disposición de los padres, que deben dedicir de común acuerdo si desean compartir la guarda y custodia de sus hijos. "Se decide la posibilidad de que la custodia compartida pueda ser acordada por los cónyuges y puesta por escrito; razonablemente se ofrece una posibilidad que actualmente no está en la ley, y que el juez valorará siempre, y sobre la que el juez decidirá en beneficio de los hijos". El ministro también ha querido dejar claro que el objeto de la reforma es garantizar "los derechos de la parte perjudicada" del proceso de divorcio, si la hubiere.

Simplificación del proceso

Fundamentalmente, la reforma retende acabar con el hecho de que la disolución matrimonial tenga que ser consecuencia de separaciones previas de los cónyuges de hasta dos años y elimina también las causas que habitualmente tienen que alergar las personas que presentan la demanda. La reforma eliminará también que la necesidad de alegar motivo alguno para iniciar el trámite y la demanda de divorcio podrá interponerse a los tres meses de la boda y no al año como hasta ahora. Ni el juez ni ninguna de las partes podrá impedir que el recurso siga su curso.

Según el Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, con la reforma no sólo se simplifica la demanda de divorcio, sino que también se reduce el coste económico, procesal y de saturación de la justicia, además del coste moral para los afectados.

Una vez que entre en vigor la reforma de una ley que fue aprobada por el Gobierno de la UCD en 1981, las personas que ya hayan presentado la hasta ahora obligatoria demanda de separación podrán pedir que se cambie su demanda por otra de divorcio.