El Constitucional admite a trámite el recurso andaluz contra la Ley de Reproducción Asistida

El Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso del Parlamento andaluz contra la reforma de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, que abre la puerta a las investigaciones con células madre embrionarias. El Constitucional estudia ahora acumular el recurso andaluz al que el pasado 15 de enero interpuso el Gobierno central contra la ley autonómica sobre investigación.

En una resolución de su Sección Segunda, el Constitucional comunica la admisión a trámite del recurso promovido por el Parlamento andaluz contra distintos apartados de la reforma de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida de noviembre de 2003. Además, el tribunal abre un plazo de 15 días para que las Cortes Generales (Congreso y Senado) y el Gobierno central, a través del Ministerio de Justicia, puedan presentar alegaciones sobre el recurso andaluz.

Al mismo tiempo, el Alto Tribunal oirá a las partes

para decidir sobre la posible acumulación del recurso andaluz con el que presentó el Gobierno central contra la Ley que se aprobó un mes antes (octubre de 2003) en esta comunidad sobre la investigación en Andalucía con reembriones humanos no viables para la fecundación in vitro. Esto le permitiría al Constitucional analizar de forma conjunta el recurso de la Cámara andaluza y el del Gobierno.

El presidente del Parlamento andaluz, Javier Torres Vela, presentó el recurso de la Cámara autonómica el pasado 5 de febrero al considerar que la norma nacional invade las competencias de la Junta andaluza en materia de investigación. En el recurso se asegura que la Ley de Reproducción Asistida vulnera las competencias autonómicas al centralizar el depósito y distribución de los preembriones congelados. Además, el Parlamento andaluz denuncia la inconstitucionalidad de la Ley estatal al prohibir la investigación con embriones sobrantes tras su entrada en vigor, ya que el texto impulsado por el Ministerio de Sanidad sólo permite la investigación con los embriones actualmente congelados en las clínicas. Sobre este último punto, la Cámara andaluza entiende que el Gobierno vulnera el derecho a la producción científica y técnica al no dar la posibilidad a los progenitores de donar sus embriones a la investigación y darles como única alternativa cederlos con fines reproductivos.

También el 5 de febrero, Torres Vela presentó las alegaciones del Parlamento de Andalucía al recurso de inconstitucionalidad presentado previamente por el Gobierno contra la ley autonómica que regula la investigación en Andalucía con preembriones humanos no viables para la fecundación in vitro. La Cámara autonómica asegura en las alegaciones que el recurso del Gobierno "ni siquiera menciona los artículos de la Constitución que pretendidamente han sido vulnerados" por la ley andaluza. Ambos procedimientos, el recurso y las alegaciones, se fundamentan en la defensa de las competencias del Gobierno andaluz en materia de investigación, recogidas en el artículo 20 de la Constitución y el 13 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, tal y como explicó Torres Vela tras presentar el recurso.

La Ley andaluza sigue en suspenso

El pasado 15 de enero el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno central contra la Ley andaluza que regula la investigación con preembriones humanos no viables para la fecundación in vitro. La admisión a trámite supuso en este caso, al tratarse de un recuerso del Estado contra una ley autonómica, la suspensión de la entrada en vigor de la citada Ley durante un periodo no superior a los cinco meses.

Con esa decisión, el Constitucional atendió la petición formulada de forma expresa en el recurso del Ejecutivo para que la Ley impugnada no fuera aplicada hasta que exista una resolución. De hecho, según establece el artículo 161.2 de la Constitución, el Alto Tribunal tendrá que ratificar o levantar la suspensión cautelar decretada antes de que transcurran los cinco meses. El Gobierno decidió recurrir la mencionada norma autonómica el pasado 28 de noviembre por considerar que "menoscaba las competencias del Estado" en materia de investigación. En concreto, estima que la

Ley andaluza va en contra de las competencias que ostenta el Estado en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica, técnica y de sanidad, de acuerdo con el articulado de la Constitución.