El Gobierno arrebata a Cataluña la posibilidad de vetar el trasvase del Ebro

El Ebro deberá ceder parte de su caudal a las tierras del sur si entra en vigor el sistema de trasvases estipulado en el Plan Hidrológico Nacional (PHN). La cantidad de agua tomada de este río dependerá los niveles mínimos para mantener la biodiversidad de sus márgenes y del delta, el denominado caudal ecológico, que hasta hoy iba a ser fijado por un consorcio en el que la última palabra la tiene la Generalitat catalana. Sin embargo, merced a una enmienda introducida por el Partido Popular (PP) en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 2004, este poder pasará ahora a manos del Consejo del Agua de la Cuenca Hidrográfica (dependiente del Ejecutivo). Esta decisión ha provocado la ira de Convergència y Unió (CiU), que acusa a los populares de "romper el pacto".

El Plan Integral de Protección del delta del Ebro (PIDE), creado por la Ley del PHN, estaba gestionado por el consorcio encabezado por la Generalitat (hasta el pasado 16 de noviembre, en manos de CiU), en el que participaban además "todas las Administraciones y entidades con competencias e intereses en el ámbito del Delta del Ebro", pero dominado por el grupo catalán gracias al voto de calidad del presidente.

Una directiva europea por medio

En virtud de la enmienda a la Ley de Acompañamiento introducida por el PP en su trámite en el Senado, el caudal ecológico del Ebro pasa a ser marcado por el Consejo del Agua de la Cuenca Hidrográfica. Esta decisión ha sido explicada por fuentes del ministerio de Medio Ambiente como una adaptación de la legislación española a la Directiva Marco de la Unión Europea sobre aguas. Así, la medida, aprobada por el Consejo Nacional del Agua hace unas semanas, obliga a anular según estas fuentes el punto de la Ley del PHN que atribuía al consorcio del PIDE la capacidad para establecer el caudal ecológico en la zona, una disposición incluida a instancias de CiU.

Las razones esgrimidas por el Gobierno ahora pasan porque la directiva europea establece un nuevo ámbito territorial para la gestión de las aguas, la llamada "demarcación hidrográfica", que comprende la suma de la actual cuenca hidrográfica y las aguas costeras de su ámbito. Además, la normativa comunitaria obliga a respetar el principio de "unidad de gestión y planificación hidrológica en cada demarcación" a través de los consejos de agua de cada una de ellas. Así, la decisión ha sido tomada para evitar que dos órganos distintos tomen decisiones dentro de una misma demarcación, según fuentes ministeriales.

El caudal mínimo

Esta decisión arrebata a la Generalitat el poder para vetar el PHN. El Gobierno estima que el caudal ecológico del Ebro es de 100 metros por segundo, una corriente que permitiría trasvasar parte de sus aguas al sur; sin embargo, si la cifra se elevase, como podía hacer el consorcio, hasta los 135 metros por segundo, el trasvase sería imposible.

El portavoz de CiU en el Congreso, Xavier Trias, ha manifestado hoy que su grupo votará contra los presupuestos si el PP no retira la enmienda, introducida en su opinión "en el último momento, con nocturnidad y alevosía". Para Trias, se trata de "una manera de hacer dictatorial", que lleva al PP "ha perder una vez más las formas" y "ha romper su palabra, el pacto". Trias ha añadido: "El PHN ya no es nuestro plan, es del PP. [...] Cuando se dieron cuenta que nosotros teníamos la potestad de preservar el caudal cambian la ley".

"Escandalosa" y "difícil de explicar"

Tampoco ha gustado la medida al presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, que la ha criticado duramente como "escandalosa" y "difícil de explicar". Sin embargo, Iglesias ha apostado por esperar a las elecciones generales del próximo mes de marzo, puesto que será el Ejecutivo que salga de las urnas el que tenga la última palabra.

La cuestión del caudal ecológico del Ebro preocupa también hondamente a la Unión Europea. La comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallstrom, debe pronunciarse sobre el PHN el próximo 16 de diciembre. Hasta entonces, la Comisión Europea ha encargado al ministerio de Medio Ambiente que decida el caudal ecológico de la cuenca y el delta del río para los próximos 50 años, teniendo el mantenimiento de la biodiversidad y los recursos económicos de la zona. Pero por ahora, el organismo europeo ha aprobado esta misma tarde la financiación del trasvase Júcar-Vinalopó, que cuenta ya con el visto bueno de Wallstrom.