El Supremo de EE UU anula una ley de Tejas que penaba las prácticas homosexuales
La decisión, una victoria sin precedentes para la comunidad gay, sienta un importante precedente para anular las leyes contra la sodomía de otros 12 Estados
La cada vez más influyente comunidad gay de Estados Unidos se ha anotado hoy un triunfo sin precedentes. El Tribunal Supremo de ese país ha declarado nula una ley del Estado de Tejas que penaba las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo, incluso si éstas se llevaban a cabo en privado. Por seis votos a favor y tres en contra, la máxima autoridad judicial estadounidense considera que la ley contra la sodomía de ese territorio viola los derechos privados consagrados en la Constitución americana.
La ley tejana que ahora queda sin efecto lleva en vigor 30 años y en virtud de ella se considera delito los intercambios sexuales entre personas del mismo sexo. La prohibición afecta a toda práctica de sexo oral y anal, incluso si éstas son consentidas y se realizan en privado. Las personas que vulneran la ley afrontan una multa de hasta 500 dólares.
La decisión tomada hoy es de extraordinaria importancia porque sienta un importante precedente para que también sean anuladas las leyes contra la sodomía que rigen en otros 12 Estados, tres de los cuales (Kansas, Oklahoma y Misuri) prohíben el sexo oral y anal entre personas del mismo sexo. Los otros nueve -Alabama, Florida, Idaho, Luisiana, Misisipí, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Utah y Virginia- prohíben la sodomía consentida en todos los casos.
Caso 'Lawrence contra Tejas'
El caso que hoy se resuelve tiene su origen en una denuncia presentada por John Geddes Lawrence y Tryon Garner. En 1988, varios agentes de policía irrumpieron en un apartamento propiedad de uno de ellos en Houston en base a una falsa denuncia por altercados con armas. Lo único que encontró la policía fue a los dos hombres practicando sexo anal. Ambos fueron detenidos y acusados de violar la ley que prohíbe la sodomía en Tejas. La pareja pidió que no se les acusase de nada pero, lejos de eso, las autoridades estatales les obligaron a pagar una multa de 200 dólares. Los dos hombres decidieron entonces acudir a los tribunales federales para defender sus derechos constitucionales.
En su sentencia de hoy, el Supremo considera que ambos sujetos tenían "derecho a que sus vidas privadas sean respetadas", y que "el Estado no puede degradar su existencia o controlar su destino convirtiendo su conducta sexual en un crimen".
"En nuestra tradición -añaden los jueces-, el Estado no es omnipresente en nuestras casas, la libertad supone una autonomía de uno mismo que incluye la libertad de pensamiento, creencias, expresión y una cierta conducta íntima".

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