Ascienden a 18 los hospitalizados por el brote de legionelosis en Barcelona
Una anciana de 81 años permanece ingresada en la UCI en estado crítico
Un total de 18 personas permanecen hoy ingresadas en el Hospital de Mataró por el brote de legionela detectado en esta ciudad, según ha informado hoy el jefe del Servicio de Urgencias de este centro sanitario, Carles Cuadrada. Uno de los afectados es una anciana de 81 años de edad, que está ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en estado crítico.
La mayoría de los ingresados "evolucionan favorablemente", aunque en las últimas horas ninguno de los hospitalizados -ayer había siete en este centro sanitario— ha recibido el alta médica, según Cuadrada.
En el barrio de Cerdanyola de Mataró, donde se encuentran las tres torres de refrigeración en las que se ha detectado legionela y una cuarta, que está a la espera de confirmarse si también tiene la bacteria, los vecinos continuaban haciendo vida normal. Las fuentes ornamentales de la zona seguían hoy cerradas y las torres de refrigeración ya han sido desinfectadas.
"Ninguna precaución"
Sanidad aseguró ayer que la población de Mataró no tiene que tomar ninguna medida de precaución y que puede seguir bebiendo agua del suministro de la ciudad, así como pasear tranquilamente por las calles de la localidad.
El último brote de legionela en Cataluña se detectó a mediados de julio en Tarrasa (Barcelona) y afectó a cuatro personas, aunque el brote más reciente de mayor gravedad se produjo en una zona comprendida entre Barcelona, Hospitalet de Llobregat y Esplugues de Llobregat, que se saldó con una persona muerta y 14 afectados.
Mecanismos de control
El gobierno catalán aprobó el pasado 28 de mayo un decreto sanitario que establece mecanismos de control y prevención para evitar brotes de legionela en Cataluña.
El decreto incorpora la obligatoriedad de inspeccionar cada seis meses las torres de refrigeración, principalmente de instalaciones de uso colectivo, como prisiones, alojamientos turísticos y centros deportivos, y estipula multas de entre 3.000 y 600.000 euros para los propietarios de los sistemas de refrigeración que incumplan la normativa.
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