Una mujer nigeriana tiene 30 días para apelar una condena a muerte por adulterio

30 días para apelar una condena a muerte. Ese es el plazo que ha dado un tribunal nigeriano del Estado de Sokoto a una mujer acusada de adulterio. Apenas un mes para evitar que se ejecute una terrible sentencia que la condena a ser enterrada hasta el cuello y luego lapidada, el castigo que prescribe la sharia, ley islámica vigente en el norte del país, para las mujeres condenadas por dicho delito.

Mejor suerte tendrá su supuesto compañero de relaciones, un hombre casado de 60 años, primo suyo, y al que la encausada, Safiyatu Husani, acusa de violación. El tribunal no ha presentado cargo alguno contra él, que incluso llegó a relatar su delito a tres policías. Pero en estos casos la sharia exige un cuarto testimonio para que la confesión sea creíble.

De aplicarse la sentencia, la encausada, de 35 años, dejará cinco niños huérfanos. Precisamente tras el nacimiento de su última hija cuando Husani, presionada por sus familiares, acudió al tribunal islámico que ahora la acusa de adulterio para reclamar de su supuesto violador la manutención de la pequeña.

Husani, divorciada, recibirá, de ejecutarse finalmente la sentencia, el mismo castigo que si hubiera estado casada. De haber sido soltera salvaría su vida pero el castigo habría sido también terrible: cien latigazos.

Tras trascender a la opinión pública, el caso ha desatado una oleada de críticas de organizaciones internacionales por los derechos humanos contra las autoridades nigerianas pese a que éstas han asegurado que no permitirán la ejecución de la mujer.

La introducción en 1999 de la sharia en el norte de Nigeria, donde los musulmanes son mayoría, desató una serie de sangrientos enfrentamientos entre éstos y los cristianos de la región, que causaron la muerte de miles de personas, y obligaron al Gobierno a declarar el estado de emergencia y enviar tropas al área.