Los rectores critican la rigidez y la falta de consenso de la Ley de Universidades

Según el informe presentado por la Ponencia a la Asamblea General de la CRUE, celebrada por la tarde en la Universidad Politécnica de Madrid, el anteproyecto no cuenta con el "deseable consenso" y el procedimiento seguido hasta ahora y el escenario previsto "difícilmente permitirá alcanzarlo".

El informe, al que ha dado el visto bueno la CRUE en pleno, destaca que el Gobierno perderá una oportunidad de "valor inestimable" si no inicia un procedimiento que permita alcanzar ese amplio consenso entre las distintas fuerzas políticas, universidades y agentes sociales.

"Desconfianza" hacia la universidad pública

Asimismo, el informe, aceptado por los rectores, denuncia que el reparto de responsabilidades entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Universidades "no se corresponde tampoco con la realidad competencial actual, apunta una visible desconfianza hacia la Universidad pública e impide avanzar en la modernización universitaria".

"La estructura de gobierno afecta seriamente al derecho constitucional a la autonomía universitaria, imprescindible para garantizar un servicio público de la enseñanza superior de calidad y al servicio del interés general", explica el informe, que apunta que el anteproyecto de Ley de Universidades "no distingue con claridad dirección, gestión, representación y control; y es complicada y confusa".

"El excesivo número de órganos, su inadecuado tamaño y composición, junto a la complicada elección de sus miembros, son anticipo de un funcionamiento difícil, generador de inestabilidades e incompatible con la gobernabilidad", prosigue el informe.

El texto de la Ponencia critica que en el anteproyecto, presentado por el Ministerio de Educación, la carrera académica aparece también "seriamente perjudicada, confusa, desorganizada y fragmentada"; que el sistema de selección del profesorado es "notablemente mejorable"; que establece barreras "difícilmente franqueables" para la incorporación de profesores de otros países; y que se fundamenta en un "sistema de pseudohabilitación" que debería someterse a una "profunda revisión".

Por un modelo "coherente"

Los rectores defienden un modelo de carrera docente e investigadora "equilibrado y coherente", que "mejore el sistema de selección y no impida la movilidad del profesorado". El texto también hace hincapié en que en el anteproyecto se han omitido aspectos como la propia definición de Universidad y los requisitos que habrían de cumplir las instituciones de enseñanza superior para ser reconocidas como tales.

La nueva Ley de Universidades carecerá de capacidad transformadora real si no se acompaña de un marco de financiación adecuado y suficiente para asegurar la calidad y la equidad, un marco que homologue la inversión pública española con la de los otros países europeos, indica el estudio.

Añade que la evaluación institucional y la rendición de cuentas son la "justa contrapartida que las universidades asumimos como compromiso ante la sociedad". Para que nuestras universidades puedan, "con calidad y eficiencia", dar adecuada respuesta a los retos y demandas que la sociedad les plantea es preciso que la nueva Ley de Universidades permita continuar avanzando en la mejora y modernización de las instituciones de educación superior, destaca el texto.