El Gobierno anuncia la supresión de la selectividad

Del Castillo, tras presentar el borrador de anteproyecto de Ley al Pleno del Consejo de Universidades, ha comparecido en una multitudinaria conferencia de prensa en la que ha añadido que todavía no se puede dar una fecha concreta para la desaparición de la selectividad.

Primero hay que aprobar la ley y después se pasará por un régimen transitorio, ha aclarado la titular de Educación, quien ha sintetizado entre los objetivos de la futura la búsqueda de mayor calidad, más eficacia en la gestión, más autonomía universitaria, más movilidad, mejor selección de profesorado y mejor relación entre la universidad y la sociedad.

Este sistema "puede funcionar o no" con independencia de que la ley de calidad, prevista para otoño, instaure una "reválida", o prueba de conocimientos, al finalizar el Bachillerato, ha dicho la titular de Educación. Del Castillo ha justificado el cambio porque en "un nuevo contexto" demográfico "nos parece mejor dejar autonomía a las universidades".

En los requisitos de acceso que establezca cada universidad para sus centros, que no tienen porqué ser siempre exámenes, se "respetarán los principios de igualdad, mérito y capacidad", y en los reglamentos posteriores se incluirán mecanismos para que los estudiantes que se consideren "perjudicados" puedan recurrir. "Ningún estudiante se quedará sin plaza", ha sentenciado la ministra.

Profesorado y gobierno de la Universidad

Otras de las novedades del nuevo texto son, además de la supresión de la selectividad, una prueba de habilitación para ingresar en el cuerpo de profesores funcionarios; la elección por sufragio universal del rector y una agencia de acreditación.

El texto propone "un modelo de selección de funcionarios que garantice la calidad, más abierto y más competitivo", y establecerá una prueba de habilitación de carácter general, con un tribunal de siete miembros elegidos por sorteo. Este tribunal "habilitará" a los futuros profesores.

Luego, los habilitados podrán optar a las plazas de las universidades. Éstas podrán optar también por la elección de su profesorado entre los profesionales que ya ejercen. El borrador propondrá mecanismos para evitar "desajustes" entre plazas convocadas y habilitados.

Sobre la carrera docente, cabe destacar que para pasar de "ayudante" a "profesor ayudante doctor" será necesario haber estado dos años sin vinculación con la universidad contratante, con el fin de evitar "la endogamia", es decir, que se realice toda la carrera en el mismo centro. Además, cada puesto del escalafón anterior al de titular tendrá una duración limitada.

En cuanto al gobierno de las universidades, se potencia la figura del rector. Para "avanzar en una mayor comprensión entre el mundo universitario y la sociedad", el Consejo de Gobierno de cada centro estará presidido por el rector y por un tercio de la parte no académica del Consejo Social (órgano que articula la participación de la sociedad en la universidad y que aprueba su presupuesto). Asimismo, el rector será elegido por sufragio universal, aunque con poderación de voto según los sectores de la comunidad académica.

La reforma no cuenta con una financiación específica para llevar a cabo las reformas que lleva aparejada, en contra de lo que habían pedido los rectores de Universdades de España. Del Castillo ha explicado que los recursos económicos de las universidades deben discutirse en el ámbito de la negociación global del sistema de financiación autonómica. En cambio, los rectores sostienen que es precisa una ley específica que homologue la inversión pública española en universidad con la de otros países europeos.

La reforma no cuenta con una financiación específica para llevar a cabo las reformas que lleva aparejada, en contra de lo que habían pedido los rectores de Universdades de España. Del Castillo ha explicado que los recursos económicos de las universidades deben discutirse en el ámbito de la negociación global del sistema de financiación autonómica. En cambio, los rectores sostienen que es precisa una ley específica que homologue la inversión pública española en universidad con la de otros países europeos.

Desigualdad

La reforma anunciada por la ministra no ha tardado en recibir las primeras críticas. La secretaria de Educación del PSOE, Carmen Chacón, entiende que el anteproyecto de ley "dificulta" el acceso a la Universidad e incrementa la desigualdad de oportunidades entre los alumnos.

Chacón ha señalado, en los pasillo del Congreso, que esta propuesta "duplica" e incluso "triplica" los exámenes, ya que a la reválida -prueba que homologa los estudios de bachillerato- se une el examen que "puede poner cada universidad en cada una de sus áreas". Además, Chacón ha explicado el supuesto de que un alumno sea suspendido en el examen de una Universidad. En ese caso, tendrá que pasar el examen en otras universidades de otras comunidades, lo que supone más exámenes, en el caso de que el alumno tenga la capacidad económica para realizar esos desplazamientos.