¿Por qué España no forma parte del grupo de naciones digitales?

En 2010, el Gobierno británico se comprometió a que un 25% del presupuesto destinado a proveedores de servicios externos fuera a parar a pymes y startups. La cuestión requería de concienciación por parte de la Administración, pero también exponía la necesidad de eliminar las numerosas barreras a las que se enfrentan estas compañías cuando se animan a pujar por contratos públicos. Se dieron un plazo de cinco años para conseguirlo. En 2014, no solo habían conseguido cumplir su promesa, sino que se sentían con fuerzas para aumentar al 33% antes de 2020.

Este tipo de iniciativas son las que han llevado a Reino Unido a erigirse como uno de los países miembros del D7, una red de naciones que han pactado una serie de medidas destinadas a compartir y mejorar sus prácticas internas en servicios y economías digitales. De hecho, fue en Londres donde el país anfitrión firmó hace cuatro años la carta fundacional del grupo junto a Israel, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Estonia, esta última considerada como el ejemplo digital de Europa por iniciativas como instalar wifi gratuito en su capital y promover políticas que permiten a sus habitantes votar, comprobar archivos médicos, pagar impuestos o registrar una empresa desde el teléfono. En febrero de 2018, Canadá y Uruguay se unieron a esta selecta liga.

• ¿Por qué España no se ha adscrito al D7?

Los crecientes esfuerzos de España por afrontar la transformación digital con acierto tienen su máximo exponente en prácticas concretas como la apertura de datos, donde se presenta como referente europeo. Por no hablar de la aceptación de la ciudadanía en una de las regiones con mayor penetración de smartphones del mundo con una tasa muy por encima de la media en consumo digital. Sin embargo, el informe Digital Economic Opportunity in Spain destaca que, a pesar de ser la decimocuarta economía del planeta, el país mediterráneo ocupa el puesto 45 en desarrollo digital y se encuentra en mitad de la tabla si nos ceñimos a Europa.

¿Está preparada España para denominarse nación digital? En EL PAÍS RETINA, recogemos algunos de los principios fundamentales que recoge el manifiesto fundacional del D7 para ponerla a prueba.

• Estándares abiertos

Como es natural, cada vez más Gobiernos permiten consultar cierta información de carácter público y personal a través de internet. Para que todos los ciudadanos puedan acceder a esta información, es necesario que exista una fuerte interoperabilidad, esto es, que las plataformas y sistemas informáticos que utilizan las Administraciones sean capaces de cruzar datos y trabajar entre ellos. Los estándares abiertos ayudan a generar un mercado libre y dinámico porque permiten una mayor interoperabilidad al no tener restricciones en su uso. Esta ausencia de restricciones permite a los usuarios acceder a la información independientemente del dispositivo y configuración que estén utilizando.

Aunque España ya se comprometió a utilizar estándares abiertos hace ocho años, la práctica vigente es otro cantar. Para cumplir con lo prometido, los organismos públicos deberían presentar información en formato PDF —de estándar abierto desde 2008— o en formato Open Document (ODF) que pueden presentar diferentes extensiones en función del tipo de documento que compartan (ODT para textos, ODS para hojas de cálculo...). El problema del PDF es que no permite edición y, en muchos casos, sigue siendo tristemente común encontrar bases de datos que solo pueden descargarse en este formato o en Excel, que pertenece a Microsoft y requiere licencia.

• Gobierno abierto

O en una sola palabra: transparencia. La carta del D7 insta a formar parte de la Alianza de Gobiernos Abiertos, una asociación que busca asegurar compromisos concretos para promover la transparencia, capacitar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad.

En 2014, entró en vigor en España la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, siendo el último país de la Unión Europea de más de un millón de habitantes en aprobar una normativa en este ámbito. Y más tarde no siempre significa más trabajada. La española fue analizada junto a un centenar de leyes de otros países por las organizaciones Access Info y Centre for Law and Democracy. En base a unos parámetros que buscaban establecer la calidad de la normativa en cada país, España obtuvo el puesto 64.

• Enseñar a los niños a programar

Un compromiso esencial si se pretende presumir de digitalización ha de ser el de ofrecer a los niños la oportunidad de aprender a programar y potenciar el desarrollo de la próxima generación de habilidades. La enseñanza de este tipo de disciplinas prepara a los alumnos para un mercado laboral con una creciente demanda de profesionales en áreas tecnológicas, pero también mejora su autonomía y fomenta el pensamiento creativo.

Y la existencia de una asignatura de informática en las aulas no es suficiente. Países como Estonia o Reino Unido fueron de los pioneros en impartir disciplinas como fundamentos de la computación a niños de cinco años o en formar en varios lenguajes de programación a partir de los once. En 2014, la asociación educativa European Schoolnet publicó un informe en el que recordaba la docena de países de la UE que tenían en cuenta la programación en su currículo. España no era uno de ellos. Un estudio más reciente de la misma institución descubría que en España no existen documentos nacionales oficiales que mencionen el pensamiento computacional.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid fue una de las primeras en abordar esta cuestión en 2014 con un programa pionero que buscaba convertir la programación en asignatura curricular para toda la ESO y se marcaba de plazo hasta el pasado curso académico para conseguirlo, pero la escasa formación del profesorado en estas materias pone en tela de juicio su eficacia.

• Conectividad

Probablemente una de las primeras cuestiones que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en un país a la altura de los tiempos que corren. En este punto, los Estados firmantes prometen habilitar una infraestructura digital integral y de alta calidad para sus ciudadanos.

El compromiso europeo en términos de conectividad es similar. La manera de abordarlo: que en 2020 se alcance el objetivo de acercar un mínimo de 30 megas por segundo al 100% de los ciudadanos. En el escenario que nos compete, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró hace un par de meses que la banda ancha llegará a todos los municipios del país en 4 años. Como en muchas ocasiones, la intención es buena, pero la realidad es bastante diferente y los problemas, en este caso, son el precio y la calidad.

Ya en 2014, la oferta más barata de internet en España era la más cara de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) después de la de Luxemburgo: 33 euros. En cuanto a la calidad, un informe europeo sobre internet en los países miembros revelaba que estos entregan a los usuarios de media un 78% de la potencia contratada, mientras que en EE UU superan el 100%. De acuerdo a este mismo estudio, Malta, Portugal y España tienen una latencia —tiempo de carga— considerablemente por encima de la media.