Hay un robot en el despacho de mi abogado

Las instituciones relacionadas con la justicia se adaptan muy lentamente a las necesidades de una sociedad marcada por el auge de las nuevas tecnologías. La mayoría de las legaltech -empresas que usan la tecnología para prestar servicios legales- han puesto el foco en el usuario y pocas se han centrado en simplificar el día a día de los profesionales del sector. [Aquí puedes leer algo sobre fintechs que pueden solucionar la vida de los clientes].

Y es que, según un estudio de la consultora McKinsey, el 23% de su trabajo se podría automatizar. La analítica aplicada al big data y la inteligencia artificial llega en forma de iniciativas pioneras en EE UU que buscan ayudar a abogados y jueces a desempeñar su trabajo de una manera más eficiente y a poder ganar casos con argumentos más sólidos y fundamentados.

El sistema legal genera una enorme y creciente cantidad de datos. Para hacerse una idea, solo en España hubo casi seis millones de asuntos de nuevo ingreso durante al año pasado, según el Consejo General del Poder Judicial. La tasa de litigiosidad del país es de las más elevadas de Europa -se producen más de 120 asuntos por cada 1.000 habitantes- y los magistrados sufren el estrés producido por las más de 250 sentencias que trabajan de media cada año. Incluso el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, reconocía en 2015 que “muchos órganos judiciales soportan cargas excesivas de trabajo” y la sobrecarga de documentación y falta de espacio para alojar el creciente archivo de los juzgados ha llevado a la Inspección de Trabajo a intervenir en los casos más graves.

Por este motivo, antes de empezar a hablar de tecnologías rompedoras y casos de uso apasionantes, el sector debe hacer frente a un gran reto. “Europa está comenzando la digitalización de la Administración de Justicia”, explica Javier de Cendra, decano de IE Law School. “Todavía estamos pasando de la fase analógica a la digital, nos quedan unos diez años para entrar en la computacional”.

El Ministerio de Justicia español está llevando a cabo diferentes iniciativas en materia de digitalización e intercambio de información judicial entre diferentes organismos y han desarrollado un sistema de justicia digital que posibilita la tramitación electrónica de los procedimientos en los juzgados durante todo el ciclo de vida de un asunto.

Europa está comenzando la digitalización de la Administración de Justicia Javier de Cendra, decano de IE Law School

Esta solución, implantada en todas las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores y casi en 3 de cada 4 juzgados del territorio bajo competencia del Ministerio de Justicia, reduce en parte el problema de la sobreabundancia de archivo en papel, disminuye errores derivados de la gestión manual y simplifica el trabajo de la mayoría de actores implicados en cualquier proceso, según el propio ministerio.Aún así, solo uno de cada diez españoles se beneficia de este sistema en su territorio.

Algunas de las iniciativas que abarca el paraguas de la justicia digital son Minerva Digital, un sistema de gestión procesal para tramitar información de procesos judiciales; LexNET, un sistema electrónico de intercambio de información entre órganos judiciales; y Visor Horus, que permite a los usuarios de la Administración de Justicia consultar procedimientos y documentación online.

El panorama de las bases de datos de casos jurídicos en EE UU es considerablemente diferente. LexisNexis y Westlaw ostentan el duopolio que sirve a muchos investigadores legales como punto de partida para ejercer su trabajo. Sin embargo, no pasan de ser enormes motores de búsqueda con ingentes volúmenes de información, muy alejados de las herramientas analíticas avanzadas que precisa un profesional. “Los mejores servicios legales están aún por construir”, afirma Dan Martin Katz, director de estrategia en Lex Predict, una empresa de innovación en el sector jurídico. “Estamos muy lejos de alcanzar los límites”.

Ravel Law es un buen ejemplo de la importancia de la digitalización como paso previo a la computación. Esta startup estadounidense ha emprendido un ambicioso proyecto de big data en colaboración con la Escuela de Leyes de Harvard: pretenden escanear cada documento de esta institución con tecnología de reconocimiento óptico de caracteres para digitalizar al completo su biblioteca de jurisprudencia, la más grande de EE UU después de la Biblioteca del Congreso, y ponerla a disposición de cualquiera online de manera gratuita.

Pero el verdadero negocio de Ravel Law es otro: desarrollan herramientas de investigación que, mediante algoritmos de análisis avanzados, procesado de lenguaje natural y tecnologías de aprendizaje automático, buscan patrones en los archivos y resaltan los puntos que consideran clave de una gran masa de documentos digitales. “La ciencia de los datos está jugando cada vez un rol más importante en sectores como el periodismo, la política y el deporte y ayuda a los actores implicados a manejar la información de una forma diferente y tomar mejores decisiones. Ahora, es nuestro turno”, expone su CEO, Daniel Lewis, durante el evento IELawX, en Madrid.

La evolución de estas tecnologías puede reducir considerablemente el trabajo de los abogados, pero la tecnofobia no está justificada. “Hay quien teme que la implementación de este tipo de herramientas en su despacho le vaya a costar el puesto de trabajo. Para empezar, la inteligencia artificial no va a revolucionar el sector en los próximos cinco años, aunque lo hará a largo plazo”, pronostica Lewis. “Y no creo que los sistemas legales se puedan llegar a automatizar por completo y sean manejados por robots”.

Y es que esta tecnología puede reducir las labores de investigación y administración, pero no puede ayudar a los despachos a conseguir nuevos clientes o asesorarles. Aunque hay un perfil que los abogados pueden empezar a tener en cuenta en sus despachos: los analistas de datos.

De lo que no cabe duda es de la necesidad de una formación jurídica adaptada a la nueva realidad que se va conformando en torno a los juzgados. “En Europa acabaremos entrando en esta espiral, porque tenemos acceso a grandes bases de datos y el poder de analizarlos”, comienza de Cendra. “Tenemos que garantizar, desde las universidades y escuelas de derecho, que los alumnos van a estar preparados para una práctica jurídica muy distinta de la que conocemos”.