Licencia social para impulsar la transición ecológica

El Standard Eurobarometer 99 realizado por la Unión Europea en junio de 2023 concluye que los ciudadanos europeos seguimos respaldando abrumadoramente la transición energética. Los resultados evidencian, además, que más del 80% pensamos que debemos invertir para incrementar la generación de electricidad a partir de energías renovables que nos permitan, por una parte, aumentar nuestra independencia energética y por otra, descarbonizar la economía y mitigar el cambio climático, una cuestión que la ciudadanía europea identifica en dicha encuesta como una de las cinco principales preocupaciones que deben ser foco del esfuerzo de las políticas europeas.

Este desafío debemos hacerlo en un contexto marcado por la necesaria toma de conciencia y acción ante los desafíos globales de carácter social, medioambiental, éticos y económicos que afectan al planeta y a la sociedad en su conjunto.

Y llevarlo a cabo no está exento de retos. En 1980 por primera vez apareció el acrónimo NIMBY (not in my back yard, no en mi patio trasero en español) publicado en un artículo que hacía referencia al movimiento surgido en una comunidad en Virginia (Estados Unidos) como oposición a la construcción de una central en su área local. Más de 40 años después, la conciencia social y ambiental de la sociedad ha aumentado. Ahora se exige un esfuerzo mayor para hacer compatible el desarrollo de las infraestructuras necesarias para la transición con el desarrollo social y el respeto al territorio.

Es en el territorio donde tiene lugar este desafío; y donde hace tiempo que, para el despliegue de las infraestructuras, la legitimidad legal con que las empresas nos desempeñamos dejó de ser el único requisito. Por tanto, su ejecución debe perseguir el cumplimiento de los objetivos para los que fueron diseñados, al mismo tiempo que contribuimos social y medioambiental bajo el tajante compromiso de maximizar el impacto positivo en el territorio.

Si aseveramos que la transición energética es un reto compartido y el despliegue de las infraestructuras se desarrolla en los entornos de las comunidades, entonces estas tienen mucho que decir sobre los proyectos. Explicar la necesidad de las infraestructuras, su contribución a la transición y las alternativas para hacerlas viables es clave para lograr su legitimidad. En definitiva, es necesario un proceso de escucha, diálogo y reflexión para atender no solo las demandas ambientales (reguladas en la normativa vigente), sino también las sociales.

Esto implica actuar de forma abierta y transparente con las comunidades locales y buscar cómo contribuir a mejorar su bienestar aportando soluciones con visión a largo plazo, afrontando los desafíos estructurales que perpetúan las diferencias y poniendo la mirada en una realidad que, lejos de disminuir, debe trabajar para que no aumente: las iniciativas deben impulsar el cierre de las grandes brechas de desigualdad: la digital, la intergeneracional, la territorial y la de género. Y será así como desde la generación de relaciones de confianza las empresas obtendrán finalmente la licencia social para operar.

Llegados a ese punto, debemos dar un paso más para hacer firme el compromiso. Es preciso medir el impacto en la sociedad y en el medioambiente de todas las acciones puestas en marcha para estar seguros de los avances. No es una tarea fácil, pero es crucial para captar el verdadero valor social y ambiental de las actividades empresariales. Aunque incipientes, ya hay metodologías que animan a cuantificar cuestiones que pueden parecer tan abstractas como el valor del consumo hídrico, del paisajismo, del acceso a la electricidad o de la biodiversidad, pero que acabarán teniendo un valor de referencia como ya tenemos hoy el valor de los derechos de emisión de CO₂.

Hacer balance de los impactos positivos y negativos, de las acciones, de los riesgos y las oportunidades de la actividad, son la mejor palanca para lograr el objetivo de perdurar en el largo plazo, creando valor para todos los grupos de interés a través del desarrollo responsable de las actividades. Porque sin transición energética, no hay desarrollo sostenible. Pero tampoco hay desarrollo sostenible sin transición energética. Y la verdadera transición energética solo será una realidad si conseguimos llevarla a cabo entre todos.

Eva Pagán es directora Corporativa de Sostenibilidad y Estudios en Redeia.