Los jueces exigen al ministro la renovación cuanto antes del Poder Judicial

Las ocho asociaciones de jueces y fiscales han mantenido este miércoles su primera reunión con el nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Se trataba de una primera toma de contacto, pero sobre la mesa se pusieron ya algunos temas llamados a marcar la legislatura en el terreno judicial, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reformar de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para dar a los fiscales la dirección de las investigaciones penales. Ni el ministro ni ninguna de las asociaciones, según fuentes presentes en el encuentro, abordaron la reforma del delito de sedición ni la elección de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

Las tres asociaciones mayoritarias de jueces consideraron prioritario que el Gobierno y la oposición acuerde cuanto antes la renovación del Poder Judicial. La Asociación profesional de la Magistratura (de tendencia conservadora), la Francisco de Vitoria (moderada), y Juezas y Jueces para la Democracia (progresista) no comparten la petición del PP y Ciudadanos de condicionar la renovación al cambio de modelo de elección de los 12 vocales jueces, pero sí consideran necesario debatir la fórmula de designación del CGPJ una vez que se elija a los nuevos miembros del órgano.

Menos apoyo va a encontrar el Gobierno, a priori, en su decisión de reformar la Lecrim para dar a los fiscales la dirección de la investigación penal. Solo la Juezas y Jueces para la Democracia (JPD), de tendencia progresista, se muestra partidaria, en principio, de este proyecto. “Me parece un buen modelo y nos homologa a países de nuestro entorno. Pero con ciertas cautelas. Habría que modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar la autonomía de los fiscales y evitar injerencias del Gobierno de turno”, señala el portavoz de esta asociación, Ignacio González Vega.

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La APM y la minoritaria Foro Judicial Independiente se oponen a este proyecto, mientras que la Francisco de Vitoria se muestra en principio contraria, pero está dispuesto a debatir cambios en el actual modelo de instrucción. “Pero creemos que ahora mismo esta opción presenta dificultades presupuestarias. Además, no debería hacerse a la ligera. Se pone como excusa que en otros países instruyen los fiscales, pero también tienen sus dificultades. Hay que reflexionarlo mucho”, señala el portavoz de esta asociación, Jorge Fernández Vaquero.

Durante el encuentro, el ministro pidió a las asociaciones "cooperación y voluntad de acuerdo" para poner en marcha su proyecto para modernizar la Administración de Justicia, bautizado como Plan Justicia 2030. Para recabar sus aportaciones, el ministerio remitirá a las asociaciones profesionales un cuestionario en el que deberán recoger las líneas concretas que, según su criterio, deberían contemplarse en el plan. Posteriormente, se celebrarán reuniones de trabajo para definir las actuaciones y trazar la hoja de ruta. Campo se comprometió a aprobarlo en el Consejo de Ministros en el plazo máximo de tres meses.