Lo que la derecha olvida sobre la memoria histórica

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha expuesto este miércoles en la comisión constitucional del Congreso las líneas generales de su Ministerio, que incluye las tareas relacionadas con la memoria histórica, ahora con rango de secretaría de Estado. Tanto el PP como Vox dedicaron sus intervenciones a atacar la ley con omisiones interesadas e interpretaciones sesgadas. Estas son algunas de ellas. 

1. Sobre el "sectarismo de la ley". El recibimiento de Falange y las subvenciones para la investigación de las checas.

Tanto Jaime Miguel Mateu Istúriz, del PP, como José María Sánchez García, de Vox, denunciaron que la ley se dirige únicamente a las víctimas de un bando, los republicanos. "Han sido muy sectarios. Con esta ley no pretendieron resolver la situación dramática de todos los españoles que fueron implicados en la Guerra Civil, solo se fijaron en un sector de la sociedad. Y se ve en la exposición de motivos cuando hablan de desterrar definitivamente el franquismo", declaró Mateu Istúriz. "¿Por qué la ley no articula ninguna medida para reparar a las víctimas de la persecución religiosa durante la Guerra Civil por parte del bando republicano?", preguntó Sánchez García. 

La ley no se refiere únicamente a las víctimas de un bando, aunque sí está destinada, sobre todo, a unas: las que nunca habían sido reparadas. De hecho, la norma replica algunas de las medidas que Franco había activado durante la dictadura para reparar a las víctimas del bando franquista, como encargar censos de desaparecidos o establecer protocolos de exhumación. El dictador impulsó, además, la causa general para castigar a los presuntos culpables de crímenes cometidos a manos de republicanos. Un informe del fiscal militar Felipe Acedo Colunga recogido por Paul Preston en El holocausto español revela, por ejemplo, que antes incluso de la apertura de la Causa General, a finales de 1938 se habían producido 6.770 juicios en los que se había juzgado a 30.024 personas, de las cuales 3.189 fueron condenadas a muerte.

En todo caso, la comisión interministerial que el Gobierno creó en 2006 para empezar a trabajar en la norma recibió a decenas de asociaciones, entre ellas, Falange.  Y el departamento que tramitaba las ayudas previstas en la ley de memoria histórica concedió, por ejemplo, 27.057 euros en 2012 a la Fundación Universitaria San Pablo CEU para un estudio sobre "las checas de Madrid" y  29.000 euros a la Fundació Joan XXIII para el proyecto "Memoria viva: jesuitas, educación y sociedad".

2. Sobre los "odios resucitados": 14 años sin altercados

Otro de los argumentos recurrentes de la derecha contra la ley es la acusación de "resucitar odios" entre españoles. "Ustedes practican el discurso del odio. Ustedes odian, pero no pueden cambiar la historia y establecer ahora una verdad oficial ni reparar a nadie", declaró este miércoles Sánchez García, de Vox. "Tenemos un proyecto de ley de concordia que abarcará a todas las víctimas y que será un alegato a la paz y a la convivencia para que nunca más vuelva el odio entre españoles", manifestó, por su parte, Mateu Istúriz, refiriéndose a un texto del que el PP habla desde hace meses y que todavía no ha presentado. Lo han repetido este miércoles y lo llevan haciendo desde el primer día, cuando el Gobierno empezó a trabajar en la ley, pero 14 años después, los ancianos que buscan los restos de sus padres en fosas y cunetas no han provocado altercados. De hecho, muchas de las víctimas del franquismo han sabido siempre quiénes eran los verdugos y sus cómplices, y han convivido con ellos en pueblos pequeños donde además de huérfanos, quedaron señalados durante años.

En 2008, un año después de la aprobación de la ley de memoria histórica, el CIS hizo un estudio específico sobre el asunto. Un 83,8% declaró que “el Estado debería ser el encargado de recuperar e identificar todos los restos” de las personas que continúan en fosas comunes. En esa misma encuesta, el 72,2% se mostró de acuerdo en que “durante el franquismo, las víctimas de la Guerra Civil tuvieron un reconocimiento diferente según el bando al que pertenecieron” y un 40,8% de los que conocían la ley consideró que se trataba de “una medida necesaria porque la democracia tenía una deuda pendiente" con las víctimas del franquismo.

3. El PP: "Hemos colaborado en resarcir la dramática situación de muchos españoles". Cero subvenciones.

También suele repetir el PP que no se opone a que los familiares de víctimas del franquismo recuperen sus restos de fosas y cunetas. Mateu Istúriz ha asegurado este miércoles en la comisión constitucional del Congreso que su partido había colaborado a resarcir "la dramática situación de muchos españoles". Lo cierto es que el Gobierno de Mariano Rajoy, presionado por el ala dura de su partido, como Esperanza Aguirre, para derogar la ley de memoria histórica, mantuvo la norma, pero redujo a 0 euros las subvenciones para su cumplimiento, incluidas las ayudas para la apertura de fosas.

4. Sobre "la profanación" de la tumba de Franco. El aval de los tres poderes del Estado.

El diputado de Vox se refirió al traslado de Franco del monumento del Valle de los Caídos al panteón de Mingorrubio, en El Pardo, como "una profanación". En este caso no es que ignorase que la operación fue avalada por el Tribunal Supremo, porque calificó la decisión de los magistrados que dieron luz verde a la exhumación tras varios recursos de la familia del dictador como "una sentencia que más vale olvidar por los vicios jurídicos que encierra y en la que se cometieron todos los atropellos jurídicos que se puedan hacer". La decisión contaba, además, con el aval de los otros dos poderes del Estado: el legislativo y el ejecutivo. 

5. Sobre los ataques a la Transición y la loa que recoge la ley en su exposición de motivos.

También argumenta la derecha para oponerse a la ley que supone una voladura de la Transición y de su espíritu de reconciliación. Lo cierto es que el texto de la norma arranca, precisamente, con una loa a ese periodo: "El espíritu de la Transición da sentido al modelo constitucional de convivencia más fecundo que hayamos disfrutado nunca, y explica las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo, desde el origen mismo de todo el periodo democrático, en favor de las personas que durante los decenios anteriores a la Constitución sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y del régimen dictatorial que la sucedió”.