La vida oscura en la periferia de Granada

Hay barrios que se construyeron en Andalucía para alojar a los pobres y mantenerlos lejos del centro de las ciudades. Ocurrió a finales de los años sesenta del siglo pasado en Sevilla, Málaga, Almería y Granada. Almanjáyar fue el nombre que le tocó a esa isla de pobres granadina. Entonces estaba distanciado un par de kilómetros de los límites de la ciudad. Hace años que ya no existe esa separación, pero, como medio siglo atrás, el lugar sigue siendo otro mundo. Junto a Almanjáyar surgieron Molino Nuevo, La Paz o Cartuja, barriadas que han corrido la misma suerte. Sufren cortes de luz diarios, la Administración ha perdido el control de cientos de viviendas sociales que han sido vendidas y revendidas y se cumplen dos décadas de un cultivo ilegal de marihuana que, desde 2012 especialmente, crece sin parar.

En la Nochebuena de 2009, Paqui Sojo, tenía todo preparado para cenar. “Se nos fue la luz y pasamos la noche calentándonos e iluminándonos con una gran sartén de ascuas de carbón de barbacoa”, recuerda. Una década después, poco ha cambiado. “Al principio, los apagones eran salteados. Desde octubre de 2015 son casi diarios. Estamos desesperados”, dice. La pasada semana, dos apagones de 10 y 12 horas, en época de frío máximo, fueron épicos.

En una pared del salón de la casa de Paqui, a modo de aplique, una gran linterna adosada a la pared espera el momento de que se vaya la corriente. En la vivienda de su vecina Pepa, la luz se apaga en medio de la conversación con el periodista. La mujer recurre a las dos linternas que tiene sobre la mesa camilla. Pepa, con 97 años, ya no camina y se pasa el día en el sillón. La apertura a distancia de su puerta es eléctrica. Si se va la luz, no tiene cómo abrir.

Algunos vecinos, explica el párroco de La Paz, Mario Picazo, “tienen máquinas que les ayudan a respirar, pero los apagones hacen difícil que sigan sus tratamientos”. “La situación de esta gente”, lamenta, “es de extrema vulnerabilidad. El barrio se ha convertido —y nadie lo ha evitado— en un espacio para quienes no tienen sitio en la sociedad”.

Son unas 2.250 familias o establecimientos, según datos de Endesa, los que sufren los constantes apagones. Una portavoz de la compañía sostiene que, al contrario de lo que perciben los vecinos, sus instalaciones en el barrio son modernas, han supuesto una fuerte inversión e incluso están sobredimensionadas para la potencia contratada. El problema, añade, es que los enganches ilegales absorben el 72% del consumo y solo el 48% de los 4.633 suministros que en la práctica ofrece la compañía tienen contrato en vigor. Y, a la hora del suministro, Endesa no puede desconectar solo los ilegales, alega. ¿Dónde va ese gran consumo eléctrico clandestino? Sobre todo, al cultivo de marihuana en las viviendas.

Los vecinos, sin embargo, se quejan de falta de atención de la eléctrica. “Llamas [para comunicar un apagón] y te dicen que no les consta ninguna incidencia”, concluye enojada Paqui, que necesita la asistencia de un respirador la 24 horas del día.

Miguel Melguizo, médico del centro de salud de Almanjáyar desde hace más de dos décadas, explica con contundencia: “La vocación política con la que nació el barrio es que fuera un basurero” para acoger a quienes no eran queridos en el centro de la ciudad. Almanjáyar y sus barriadas adyacentes surgieron a partir de la construcción de miles de viviendas de protección oficial. Pero la Administración autonómica hace años que no las revisa Hoy, por 6.000 euros se puede comprar un piso. Das el dinero en mano, te lo entregan y no hacen falta papeles. Uno sale, otro entra. La cadena de propiedad de algunas de esas viviendas se perdió hace años. Cada uno que se vende a esos precios irrisorios, acaba casi siempre alojando una plantación de marihuana. Terminar con el cultivo clandestino de cannabis, solventar el problema de la electricidad y regularizar la propiedad de las viviendas son las tres medidas que permitirían vislumbrar un futuro para el barrio, según Melguizo.

Manuel Martín, defensor del ciudadano de Granada, un órgano municipal, conoce bien la zona y no tiene dudas: “El barrio sufre una crisis humanitaria y social”. Martín acaba de escribirle al presidente del Gobierno invitándole a que conozca el barrio. El defensor del pueblo andaluz lo ha visitado ya. Jesús Maeztu dice que las Administraciones conocen el problema pero no buscan soluciones. Maeztu reclama acciones en diversos campos, “policía, urbanismo, energía, igualdad y bienestar social”. La situación está tan deteriorada que los apagones son solo el más llamativo de sus múltiples problemas.

El médico Miguel Melguizo define el barrio como “socialmente de tránsito”. Eso significa que aquí se cobija gente pobre que, tan pronto mejora su situación, decide irse. Inmediatamente su lugar es ocupado por familias que llegan en una situación aún peor de la de quienes se han ido. Entre tanta rotación, se enquista una segregación social permanente. Y unas vidas para las que la oscuridad es algo más que una metáfora.