Administraciones y entidades plantearán a Endesa que asuma el 60% de la factura de los pobres energéticos

Generalitat, administraciones locales y entidades sociales han llegado a un acuerdo sobre el texto con el que se plantarán ante las empresas energéticas para negociar quién paga las facturas de las familias sin recursos. La propuesta pasa porque las compañías asuman el 60% de estos recibos, mientras que el resto se lo repartirán entre administraciones autonómicas y locales. Las partes asumen que se trata de un punto de partida, así que el porcentaje podría variar en las negociaciones con las energéticas. Por su parte, Endesa no ha querido valorar la propuesta porque no tienen notificación oficial de ella. “Ahora empieza un proceso de negociación y lo que salga lo tendremos que acordar entre todos”, ha apuntado el consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, Chakir el Homrani.

Desde la aprobación de la ley 24/2015 contra los desahucios y la pobreza energética, las suministradoras no pueden cortar el servicio a las familias sin recursos que cuenten con un informe de los servicios sociales municipales. El problema es que la normativa dejó un gran vacío: establecer quién asumía el importe de esas facturas que quedaban sin pagar. La ley dejaba la decisión en unos convenios que Generaliat y empresas debían firmar voluntariamente. En 2017 hubo un intento para cerrar estos convenios y se planteaba repartir al 50% la deuda, pero las empresas se negaron. Desde entonces a las energéticas se les han acumulado las facturas hasta llegar a más de 20 millones, en el caso de Endesa, la única que ha hecho pública la cifra. 

La compañía eléctrica decidió forzar a la Generalitat a mover ficha y volver a retomar las negociaciones lanzando un polémico órdago: el 1 de agosto, en pleno inicio de vacaciones, envió masivamente una carta a 250 ayuntamientos reclamándoles el pago de la mitad de la deuda acumulada de los pobres energéticos; en caso contrario, amenazaba con empezar a cortar el suministro a partir de octubre. La estrategia ha funcionado, de momento, porque en los últimos meses se han intensificado las negociaciones entre la Generalitat y las empresas.

Pero paralelamente, el Govern sentó a la mesa ayuntamientos, diputaciones y entidades sociales para hacer frente común y unificar la posición ante las energéticas. Este miércoles han cerrado un acuerdo que consiste en plantear a las empresas que asuman el 60% de las facturas de las familias sin recursos, mientras que el 40% lo asumirán las administraciones. De este último porcentaje, la mitad lo pagará la Generalitat y el resto se repartirá entre ayuntamientos y diputaciones.

Además, el texto del acuerdo establece que la deuda acumulada hasta ahora —desde la entrada en vigor de la ley hasta que se apruebe el convenio— sea asumida en exclusiva por las empresas. El importe pendiente no se conoce, solo Endesa cifró su deuda hasta el mes de julio pasado, pero no facilita la cifra actual, a la que habría que sumar la de otras compañías, que siempre se han negado a publicarla. Las administraciones culpan a las empresas de la deuda generada. "En 2017 presentamos un convenio y se negaron a sentarse, y su falta de voluntad es la que nos ha traído hasta aquí", ha asegurado Chakir el Homrani.

Otro de los puntos que establece el texto —acordado por la Generalitat, diputaciones, entidades municipalistas, la Mesa del Tercer Sector y la Alianza contra la pobreza energética— es obligar a las empresas a retirar todas las denuncias por impago interpuestas contra familias sin recursos. Endesa admite que puso una de estas denuncias antes de agosto a una familia de Lleida, pero no dice si existen más casos. "Una cosa es reclamar la deuda y otra cortar el suministro, son cosas relacionadas, pero paralelas", admite un portavoz de Endesa, que al mismo tiempo añade que "con las negociaciones todo se paraliza".

Posición de fuerza

La Generalitat se muestra optimista ante las negociaciones con las compañías. "Estamos en una buena posición porque ellas son conscientes de que también necesitan el convenio y tener unas reglas del juego claras", ha asegurado el consejero, quien ha admitido que todavía no ha trasladado la propuesta de convenio a las energéticas.

Por su parte, Endesa de momento no entra a valorar la propuesta de convenio. "No podemos valorar una propuesta de convenio de la cual oficialmente no tenemos conocimiento", asegura un portavoz de la compañía, que no obstante admite que desde verano mantienen negociaciones con la Generalitat para definir el convenio.

“Si a Endesa le interesa la pobreza energética, tiene la oportunidad de firmar hoy mismo el convenio”, ha espetado Laura Pérez, concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, que ha añadido que la propuesta de convenio “lanza el mensaje claro a las empresas con beneficios multimillorarios que deben asumir corresponsabilizarse con la pobreza energética”. Las entidades sociales también se han felicitado por el acuerdo, aunque admiten que solo es un primer paso. “Estamos en un punto de inflexión, pero solo es una propuesta y ahora la pelota está en el tejado de Endesa”, ha aseverado María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la pobreza energética, que piden a la Generalitat “agilidad para firmar el convenio y transparencia sobre las condiciones que Endesa pondrá sobre la mesa”. La compañía aboga por un reparto al 50%, así que las negociaciones definirán cómo quedan finalmente estos porcentajes.