Gibraltar, la pesca y los derechos de los ciudadanos desplazados, líneas rojas españolas tras el Brexit

España ha trazado ya sus líneas rojas para la ambiciosa negociación sobre la relación futura entre la UE y el Reino Unido, que comenzará inmediatamente después de que se consume el Brexit este viernes 31 de enero. El negociador jefe de Bruselas, Michel Barnier, visitará este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para conocer las prioridades españolas ante esta nueva etapa. Salvaguardar los derechos de los ciudadanos desplazados, crear una red estrecha en seguridad y defensa con Londres y garantizar el acceso de los pescadores españoles a las aguas británicas figuran entre las principales demandas, explican a EL PAÍS fuentes gubernamentales.

Barnier viaja a Madrid la víspera del divorcio británico para conocer de primera mano el planteamiento de España ante la fase más compleja, que se abre a continuación: el diseño de la relación futura. Este encuentro se ha ido aplazando porque coincidía con la formación de Gobierno y finalmente se producirá a escasas horas de que el Reino Unido deje de ser miembro de la UE. Sánchez celebrará un almuerzo de trabajo con Barnier en La Moncloa, según explican dos fuentes gubernamentales. Previamente el negociador europeo se citará con la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que también se sumará al encuentro en La Moncloa. La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, participará igualmente en las conversaciones.

Aunque se trata de reuniones exploratorias, el Ejecutivo español comunicará ya a Barnier cuáles son sus principales intereses e inquietudes ante esa nueva relación que debe comenzar una vez finalizado el periodo de transición. Por los fuertes lazos comerciales, de ciudadanía y de turismo, entre otros, España aspira a una relación muy estrecha, siempre y cuando el Reino Unido no haga competencia desleal a sus exsocios europeos rebajando los estándares que hasta ahora ha tenido que cumplir como miembro de la UE.

El Ejecutivo planteará la importancia de cooperar en seguridad —interna y externa— y en defensa. El Reino Unido es una gran potencia en este terreno y la cooperación con España resulta fructífera. Al salir de la UE, la colaboración y el intercambio de datos ya no serán automáticos y España insta a crear un marco común con Londres, más allá de la relación comercial.

Sánchez pedirá a Barnier que sea vigilante ante posibles incumplimientos en el apartado de los derechos de ciudadanía. Se trata de un aspecto “muy sensible”, según las fuentes consultadas, porque España alberga a la mayor comunidad de británicos desplazados (unas 370.000 personas) y hay más de 180.000 españoles residiendo en el Reino Unido. Más del 90% de este último colectivo ya se han registrado, según datos oficiales del sistema británico. La Moncloa pedirá un seguimiento exhaustivo de esta población para evitar que en el futuro se menoscaben sus derechos, que en principio deberían seguir vigentes como si el Reino Unido nunca hubiera abandonado la UE.

España plantea demandas comerciales (por ejemplo, defender las denominaciones de origen), pero insiste especialmente en el acceso al mercado de servicios. Con la salida británica del mercado único europeo, el acceso de empresas españolas, por ejemplo, a contrataciones públicas quedará limitado y el Ejecutivo quiere garantizar una situación de apertura en el futuro acuerdo entre Londres y Bruselas. Se trata de una meta complicada porque estas negociaciones requieren tiempo y el primer ministro británico, Boris Johnson, ha advertido de que habrá 11 meses escasos. Johnson pretende abandonar la etapa de transición —con acuerdo futuro o sin él— el 1 de enero de 2021. La prestación de servicios financieros en el Reino Unido también interesa especialmente a España. Ferrovial, con su presencia en los aeropuertos británicos, y el Santander, en el ámbito financiero, constituyen dos buenos ejemplos de la exposición española al Brexit.

Otra área de especial atención es la pesca. En la actualidad la presencia de barcos españoles en aguas británicas —sin trabas, porque los dos países pertenecen al ámbito comunitario— genera unos 10.000 empleos indirectos. Con la salida de la UE, ese acceso a los caladeros deberá negociarse. Los responsables españoles condicionarán el acceso sin aranceles a los productos pesqueros a que el Reino Unido permita que los pescadores sigan faenando en sus aguas. La negociación de un acuerdo de transporte aéreo que garantice “la conectividad absoluta” con el Reino Unido —18 millones de turistas británicos se desplazan cada año a España— y el transporte por carretera completan la lista de demandas españolas.

Gibraltar

En el capítulo más específico que tiene España en el Brexit, la relación con Gibraltar, los mensajes serán escuetos. Sánchez tiene intención de dejar claro a Barnier que se debe respetar lo que estipulan los acuerdos de salida: que cualquier extensión a Gibraltar del pacto futuro entre Bruselas y Londres depende de España, que puede vetar esa entrada de la colonia británica en el marco de relación si la considera lesiva.

El Ejecutivo español aspira a lograr “un área de prosperidad compartida” entre el Peñón, uno de los territorios con más renta per cápita del mundo, y el Campo de Gibraltar, un área muy marcada por el paro y las dificultades económicas. Sánchez relatará a Barnier que de momento la voluntad es de entendimiento y que hay un diálogo en marcha con Londres para identificar posibles dificultades en este periodo de transición.