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El Constitucional pide al fiscal que estudie denunciar al presidente del Parlament

El tribunal sugiere la presentación de una querella por delito de desobediencia tras las reiteradas resoluciones a favor de la autodeterminación y contra la Monarquía

Roger Torrent
El presidente del Parlament, Roger Torrent.

El Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad sugerir a la Fiscalía que estudie la interposición de una querella por delito de desobediencia contra el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, por admitir el pasado octubre la tramitación de dos resoluciones en las que se reivindicaba el derecho de autodeterminación de Cataluña y se reprobaba al Rey. El alto tribunal considera que estas resoluciones de la Cámara autonómica atentaban contra la sentencia del 2 de diciembre de 2015 que anulaba y dejaba sin efecto la declaración del 9 de noviembre anterior en la que el Parlament proclamó el inicio del proceso hacia un Estado independiente. En esa resolución la mayoría independentista del hemiciclo se conjuró para desobedecer las leyes y a las instituciones españolas, empezando por el propio Constitucional.

Las resoluciones fueron recurridas por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez.  La iniciativa del Ejecutivo —que se produjo antes de las elecciones del 10 de noviembre, cuando el jefe del Ejecutivo hacía gala de dureza contra el independentismo— iba acompañada de la citada solicitud de remisión al fiscal, porque el presidente del Parlament ya estaba advertido sobre la inviabilidad de declaraciones parlamentarias como las mencionadas. Ahora el asunto queda en manos de la Fiscalía, que decidirá si interpone la querella. El ministerio público ya se pronunció en su día favor de interponerla, por lo que, en caso de no hacerlo ahora, supondrá un cambio de posición. La decisión sobre una posible querella por desobediencia contra Torrent se perfila ahora como una de las decisiones más controvertidas que puede tener que tomar la exministra de Justicia Dolores Delgado una vez que tome posesión del cargo de fiscal general del Estado para la que ha sido promovida por el Gobierno.

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