Las investigaciones parlamentarias pactadas por el PSOE con ERC y Junts siguen en vía muerta un año después del acuerdo

Se cumple ahora un año desde que ERC y Junts votasen a favor de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso tras una de las tantas negociaciones sobre la bocina. Entre las condiciones impuestas por las formaciones catalanas, el PSOE aceptó no poner trabas a una comisión de investigación parlamentaria sobre la Operación Cataluña, fiscalizar el caso Pegasus de espionaje a independentistas desde la Cámara baja y permitir otra comisión sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. Las tres comisiones de investigación fueron constituidas en diciembre de 2023 —durante la primera sesión plenaria de la investidura—. Pero, pese a las exigencias iniciales de los nacionalistas y al ruido generado por los ataques contra jueces desde la tribuna del Congreso, los trabajos de las tres comisiones han sido prácticamente nulos durante los meses posteriores. Fuentes de ERC confirman que empujarán desde septiembre “activamente para que se inicien los trabajos lo más pronto posible”.

Las comisiones de investigación exigidas por ERC y Junts el año pasado están centradas sobre todo en indagar sobre corrupciones y operaciones ilegales fomentadas por las cloacas policiales y las cúpulas del Ministerio del Interior del gobierno del PP de Mariano Rajoy. La primera de esas comisiones aprobada en el pleno celebrado el 12 de diciembre se denominó Operación Cataluña, la segunda pretende trabajar sobre aspectos no esclarecidos de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, y la tercera busca confirmar si se utilizó el llamado sistema Pegasus para espiar a políticos, periodistas y abogados por razones políticas.

Después de haber quedado constituidas pero prácticamente paralizadas, y ante el calendario parlamentario que arranca en septiembre, fuentes de ERC aseguran: “Después de este periodo de sesiones intenso, donde hemos logrado con nuestros siete diputados sacar adelante uno de los puntos más importantes del acuerdo alcanzado para la investidura; la ley de amnistía, que ya es una realidad, desde Esquerra Republicana entendemos que ahora toca poner en marcha estás comisiones de investigación. Vamos a intentar que sea lo antes posible, eso sería lo deseable”. A lo que fuentes socialistas responden: “Todo lo que está en los pactos se cumplirá. También las comisiones de investigación”.

La inactividad mostrada ante las tres comisiones demandadas por los partidos catalanes contrasta con la agilidad mostrada por PSOE y PP para impulsar las comisiones de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia, activadas posteriormente en la Cámara baja y en el Senado respectivamente, desde marzo pasado. Socialistas y populares han utilizado este instrumento recogido por la Constitución en su artículo 76 mirándose de reojo y sentando en el banquillo de las Cortes a numerosos dirigentes del partido contrario, mientras las tres primeras quedaban en el ostracismo. Una guerra de comisiones parlamentarias sobre la compra de material sanitario durante la pandemia librada en medio de un alto clima de crispación y como parte de la confrontación política de un período de sesiones marcado por las sucesivas campañas electorales, con resultados más mediáticos que indagatorios.

Comparecencia de Sánchez

Tras el parón por vacaciones, en septiembre se volverá a retomar la actividad con la incógnita de si el PP agendará ya para el próximo mes la comparecencia de Pedro Sánchez, con el añadido de haber ejercido a finales de julio su derecho a no declarar en la causa abierta contra su esposa, Begoña Gómez. Tras deshojar durante semanas la margarita, el PP rehusó interrogar al presidente en el Senado antes de las elecciones europeas del 9 de junio pese a controlar por completo los tiempos parlamentarios gracias a su mayoría absoluta en la Cámara alta. Algunos senadores populares mostraron entonces en privado sus dudas sobre si el presidente saldría airoso, e incluso beneficiado, de un hipotético interrogatorio en medio de la campaña. Sin embargo, el PP sí amplió la lista de comparecientes en la antesala de los comicios europeos para incluir a Sánchez; a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la exministra de Economía y hoy presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, buscando el golpe de efecto en las urnas.

El mismo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió recientemente, el 18 de julio, a citar Sánchez en el Senado. “Sí, lo vamos a hacer”, sentenció Feijóo en una entrevista en la COPE. Pero, otra vez, sin concretar cuándo. Los populares han seguido elevando los decibelios contra Sánchez porque tanto su esposa como el presidente han ejercido el derecho a no declarar ante el juez Juan Carlos Peinado, contra quien además se han querellado por prevaricación. El PP acusa a Sánchez de “amedrentar” a los jueces, entorpecer la investigación y no dar explicaciones. “No vamos a parar, tenemos que saber la verdad”, remachó la eurodiputada popular Dolors Montserrat en la sede del partido, la semana pasada, en una rueda de prensa en la que reafirmó el compromiso de los populares de utilizar “todos los instrumentos legítimos” —“políticos”, “legislativos” y “judiciales”— para esclarecer la supuesta corrupción que achacan al jefe del Ejecutivo y a su entorno. Con esos últimos ingredientes sobre la mesa, y con su argumentario en la mano, la formación de Feijóo tendría que valerse de nuevas excusas para justificar por qué no pone fecha ya a la comparecencia del presidente en el mismo septiembre.