El PP sienta a Sánchez, Montero y Calviño en la comisión que indaga el ‘caso Koldo’

Los intentos del PP de acorralar a los socialistas con la comisión que investiga el caso Koldo en el Senado han pinchado en hueso hasta ahora. Lo reconocen en privado los propios populares, tras haber hecho desfilar por la Cámara alta a Koldo García y a sus dos valedores políticos, el exministro José Luis Ábalos y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Fuera del ámbito parlamentario, la estrategia del PP de implicar en manejos corruptos a la esposa del presidente del Gobierno tampoco ha progresado mucho, a la vista de que la Guardia Civil ha enviado un informe al juzgado donde descarta de plano que Begoña Gómez haya cometido algún delito. Pero el equipo de Alberto Núñez Feijóo no pierde la esperanza. Este viernes ha formalizado las solicitudes de comparecencia en la comisión del Senado de Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la extitular de Economía Nadia Calviño.

Feijóo mantenía en el aire desde hace semanas, sin acabar de decidirse, la amenaza de sentar a Sánchez ante el comité investigador de la Cámara donde el Partido Popular controla la mayoría. El PP ha dado por fin el paso escudándose en que, según el partido, el presidente no respondió a sus preguntas sobre las actividades de Begoña Gómez en la comparecencia del pasado miércoles en el Congreso. Ese día, el líder socialista se limitó a defender la cualificación profesional de su esposa y a asegurar que respondería “encantado” a las preguntas de los senadores. Desafiante, Sánchez afirmó dos veces: “Me quieren quebrar, pero van listos”. La réplica de Feijóo fue anunciar ya en el mismo debate lo que este viernes ha formalizado su grupo.

Esa sesión parlamentaria mostró que el PP y su líder se aferran al caso con uñas y dientes para martillear con la idea de que “la corrupción llega hasta el entorno personal del presidente”. Feijóo dedicó ese día más tiempo a sembrar sospechas sobre Begoña Gómez que a comentar la situación en Palestina o la guerra de Ucrania. Y es que el PP sostiene que es el jefe del Ejecutivo quien recurre a cuestiones internacionales para “desviar los problemas internos del Gobierno”, es decir, el caso de su esposa. En el debate, Feijóo reiteró varias veces la pregunta de si el presidente sabía que Gómez había firmado cartas de recomendación de empresas que acudían a concursos públicos. Sánchez rebajó esos documentos a “cartas de presentación”, sin entrar en más detalles.

“Desde que estalló la trama, el señor Sánchez no ha tenido ni la más mínima capacidad de asumir ninguna responsabilidad”, afirmó la portavoz popular en el Senado, Alicia García, para justificar la solicitud de comparecencia. “Los españoles merecen respuestas a sus preguntas y necesitan luz ante tanto silencio”. La ofensiva del PP incluye los testimonios de María Jesús Montero y Nadia Calviño —esta última ahora en Bruselas, donde preside el Banco Europeo de Inversiones—, además de las exministras Raquel Sánchez, de Transportes, y Arancha González Laya, de Asuntos Exteriores.

El paso que todavía no ha dado el PP, pese a que Feijóo ha amagado con ello en alguna ocasión, es el de colocar a la propia Gómez en el trance de dar explicaciones en el Senado. De momento, además de llamar a Sánchez, los populares han reclamado una serie de documentación a instituciones públicas y organismos privados relacionada con las actividades de la mujer del presidente. Las peticiones revelan el empeño del PP por seguir vinculando el rescate a Air Europa cuando la pandemia interrumpió su actividad con las relaciones profesionales entre Gómez y la corporación que engloba a la aerolínea, Globalia. El primer partido de la oposición reclama al Gobierno central así como a los de Baleares y Canarias los datos de “ayudas, avales y créditos” a la compañía aérea en 2020 y 2021. A Globalia y al Instituto de Empresa, donde trabaja Gómez, le requiere el convenio firmado entre ambos para patrocinar con 40.000 euros actividades en África de esta última entidad, acuerdo que nunca llegó a ejecutarse.

El Senado también se dirigirá a una docena de comunidades —ninguna con gobierno del PP hasta mayo de 2023— para conocer las ayudas facilitadas a la Federación de Mujeres Rurales, una asociación que colaboraba con el instituto de Gómez. La mayoría de estas solicitudes tiene su origen en diversas publicaciones en medios digitales de la órbita conservadora. Los populares tampoco cejan en su empeño de mezclar el caso con el episodio de la escala en Barajas de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero de 2020 y llaman a declarar al director del aeropuerto madrileño.

“Son propuestas muy ambiciosas para que el Gobierno no encuentre ni una mínima rendija por la que ocultar estos casos de corrupción”, comentó Alicia García a través de un comunicado. El PP, añadió su portavoz, tiene el “absoluto convencimiento” de que de este modo “ayuda a los españoles a confiar en las instituciones públicas”.