Esquerra burla al Constitucional en vísperas de negociar con el PSOE

A menos de 48 horas de empezar a negociar con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez, Esquerra Republicana secundó este martes en el Parlament la burla al Tribunal Constitucional y apoyó una resolución que lo critica con dureza y reitera las críticas a la Monarquía y a favor del derecho a la autodeterminación. El tribunal había suspendido un apartado de esa resolución a solicitud del Gobierno en funciones, pero los tres grupos independentistas lo recuperaron ayer para incorporarlo en sus enmiendas, que, pese a ser presentadas por separado, finalmente recibieron el apoyo de todo el secesionismo.

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La resolución fue aprobada por 68 votos a favor (Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP), 21 en contra (PSC y PP) y 8 abstenciones (Catalunya en Comú Podem). Los diputados de Ciudadanos abandonaron el hemiciclo y no participaron en la votación. Su líder parlamentaria, Lorena Roldán, anunció que acudirán a la Fiscalía a denunciar la votación por entender que se cometió desobediencia.

Los tres grupos independentistas pactaron en su momento un texto unitario en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés, pero el Gobierno lo impugnó y el Tribunal Constitucional suspendió la tramitación del apartado que decía: “Por eso, reitera y reiterará [el Parlament] tantas veces como lo quieran los diputados y diputadas la reprobación a la Monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir”.

Tras esa suspensión, los tres grupos independentistas pactaron llevar la resolución al pleno para someterla a votación. Cada uno presentó enmiendas por separado, pero coincidentes en el reproche al Tribunal Constitucional y en la reivindicación de la censura a la Monarquía y la defensa del derecho de autodeterminación. Poco antes de la votación, los portavoces de cada formación secesionista anunciaron que apoyarían las enmiendas de los otros. Los letrados de la Cámara no apreciaron ningún motivo de inconstitucionalidad en las enmiendas, pese a que todas ellas vuelven a reproducir el párrafo suspendido.

Así, el texto de Junts per Catalunya que se aprobó “denuncia la censura previa que el Tribunal Constitucional pretende imponer al Parlament” y rechaza “las reiteradas injerencias (...) con el objetivo de limitar el debate democrático”. También se dice que ese tribunal “se ha convertido en un instrumento para dar apariencia de derecho formal a la voluntad de los gobiernos del Estado de silenciar las demandas democráticas de una mayoría de los catalanes”.

La enmienda de ERC es más moderada en el redactado: “rechaza” la suspensión acordada por el Constitucional, expresa su apoyo y solidaridad con el presidente del Parlament, Roger Torrent, que pertenece a este partido, así como con los miembros de la Mesa investigados por la Fiscalía, y denuncia la “grave vulneración de la autonomía parlamentaria” que comporta esa actuación del ministerio público. El texto de la CUP que también se aprobó alude a “las coacciones de los poderes del Estado” y califica la actitud del Tribunal Constitucional de “contraria a los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad ideológica y participación política”.

Durante el debate de la resolución, el diputado anticapitalista Vidal Aragonès no ahorró críticas al origen de la restauración de la Monarquía en España, ni al Rey emérito ni a Felipe VI. Elsa Artadi, de Junts per Catalunya, aseguró que la condena del Tribunal Supremo a los líderes del procés “es aterradora en sentido humano” y equiparó la política del PP con la del PSOE. “Cuesta encontrar diferencias entre un Gobierno y otro”, aseguró. Marta Vilalta, de ERC, se ciñó al contenido de la resolución y no aludió a los socialistas ni a Pedro Sánchez. En lo que sí coincidieron los tres portavoces independentistas es en que la respuesta a la sentencia del Supremo llegaba tarde y mal, debido a las enmiendas presentadas por separado que finalmente acabaron votando los tres grupos.

“Fuera de tiempo”

Marta Riba, de Catalunya en Comú Podem, afeó al independentismo que presentara ahora su propuesta de resolución. “Llega fuera de tiempo y habiendo perdido su sentido, porque no es hora de seguir con resoluciones simbólicas”, dijo. Ferran Pedret, del PSC, recordó que los grupos secesionistas volvían a introducir el párrafo suspendido por el Constitucional, mientras que Alejandro Fernández, del PP, calificó de “ingeniería jurídica” el texto, “porque hacen ver que desobedecen sin desobedecer, bordeando la legalidad”.

Al margen de ese apartado polémico, la resolución rechaza la sentencia dictada por el alto tribunal y exige la libertad de “los presos políticos” así como el “libre retorno de los exiliados y el fin de la represión”. Más adelante, la resolución expresa su “indignación” ante lo que los grupos independentistas consideran una “sentencia injusta” y califica de “escándalo democrático” la condena de 11 años y medio a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. También tilda de “precedente inaceptable” la interpretación que hace el Tribunal Supremo del delito de sedición.

La resolución denuncia además la “criminalización generalizada de la disidencia política”, insiste en que “el conflicto entre Cataluña y el Estado es de naturaleza política” y reivindica que el Parlament pueda hablar de cualquier tema, sin que las competencias autonómicas hayan de limitar el ámbito del debate. En ese sentido, el texto recuerda que otros Parlamentos autonómicos han aprobado resoluciones para pedir la intervención de las instituciones catalanas, a través del artículo 155 de la Constitución, sin que el Gobierno central las haya recurrido pese a que el asunto también excede las competencias de esas comunidades.