La estrategia de PP y Vox complica la retirada de inmunidad a Puigdemont

Los rivales encarnizados a veces se convierten en los mejores aliados. Y para Carles Puigdemont y Toni Comín, sujetos desde el pasado jueves a una petición de la justicia española para levantar su inmunidad como eurodiputados, la mejor defensa incluye la estrategia de PP y Vox en el Parlamento Europeo. Las maniobras políticas y judiciales de ambos grupos tras la llegada al escaño de los dos dirigentes del procés han soliviantado a otros eurodiputados cuyo voto puede ser esencial para que la inmunidad se levante o no. La estrategia de ambos partidos amenaza el suplicatorio, que debe aprobar la Eurocámara.

Los populares españoles han enconado los ánimos de su propia familia parlamentaria (el grupo popular europeo) y también de los liberales (Renew) por haberse desmarcado de la presión que ejerció el Parlamento Europeo la semana pasada para defender el Estado de derecho en Polonia y Hungría. Pero el respaldo de conservadores y liberales será imprescindible para aprobar un levantamiento de inmunidad solicitado por el juez instructor del Supremo Pablo Llarena que debe pasar primero por la Comisión de Asuntos Jurídicos y después por el pleno del Parlamento, que tendrá la última palabra. Una tramitación que se prevé polémica y en la que se peleará cada voto.

A esa renuncia del PP a respaldar el voto de la mayoría en un asunto sensible como la defensa del Estado de derecho se suman las prácticas de Vox. Fuentes parlamentarias apuntan que la decisión de este partido de denunciar al Parlamento Europeo por haber reconocido como eurodiputados a Puigdemont y Comín podría ser contraproducente. El líder de Vox, Santiago Abascal, se desplazó hasta Estrasburgo el pasado martes para comunicar la denuncia. “Mi mensaje es para los españoles, que están siendo insultados por las instituciones europeas”, aseguró.

Entre los grupos partidarios de conceder el suplicatorio, como populares y socialistas, se teme que los reacios o contrarios (Verdes o Izquierda Unitaria) aprovechen el recurso de Vox para enmarañar el proceso y aplazar un levantamiento de inmunidad.

Dilatar el proceso

Las escaramuzas en la comisión parlamentaria comenzaron ya la semana pasada, cuando algunos de los miembros contrarios a levantar esa inmunidad abogaron por solicitar informes previos. La táctica para dilatar el proceso no prosperó, pero fuentes parlamentarias no descartan que se produzcan nuevos intentos.

El vicepresidente de esa comisión y eurodiputado socialista, Ibán García Blanco, confía en que, pese a todo, “va a ser una tramitación normal, como todos los suplicatorios, con lo cual puede resolverse en dos o tres meses”. El eurodiputado cree que la recomendación de la comisión parlamentaria (donde populares, socialistas y liberales suman 15 de los 25 escaños) será levantar la inmunidad, dado que el proceso contra Puigdemont y Comín no tiene relación con su condición de europarlamentarios.

Otras fuentes son menos optimistas. Sobre todo desde que la delegación española del PP, dirigida por Dolors Montserrat, ha acentuado su distanciamiento respecto de la corriente general del Parlamento —incluidos los populares europeos— de mostrarse inflexibles con los ataques al Estado de derecho en Hungría y Polonia.

Los eurodiputados españoles del PP votaron el jueves contra una resolución que pedía una vigilancia más estrecha sobre esos dos países. Y se alinearon con el voto, entre otros, de los conservadores húngaros y de los euroescépticos polacos.

Esa ruptura tan flagrante acabó afectando al vicepresidente del grupo popular europeo, el español Esteban González Pons, que era el encargado de marcar a todos los eurodiputados la decisión de votar a favor de endurecer la vigilancia. El pulgar hacia arriba de González Pons fue seguido por la inmensa mayoría de los populares. Pero los españoles votaron en contra. González Pons se abstuvo.

“Fue un error de libro”, lamentan fuentes socialistas. “Ha dado la impresión al Parlamento de que en España hay comprensión hacia la deriva de Polonia y Hungría, cuando es lo contrario”.

Fuentes populares reconocen: “El voto del pasado jueves no nos ha granjeado muchos amigos”. Y admiten que la labor de convencer a las delegaciones de que voten el suplicatorio puede complicarse si se vincula lo ocurrido en Cataluña y el grave deterioro político y judicial que el Parlamento percibe en Polonia y Hungría.

El posible vínculo ya lo esgrimió en el debate del miércoles pasado el eurodiputado polaco Ryszard Czarnecki (del grupo ECR, en el que se sienta Vox). Czarnecki preguntó a González Pons su opinión “sobre el hecho de que España haya rechazado la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el caso de los diputados catalanes”, en alusión al mantenimiento en prisión de Oriol Junqueras tras el veredicto europeo que señaló que el líder catalán debería haber sido reconocido como eurodiputado.

“El Tribunal Supremo acató la sentencia del tribunal europeo, hay una gran diferencia. El Supremo respeta el Estado de derecho”, le espetó González Pons.