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Una legislatura en el alambre por una aritmética que complica las reformas clave

El PP tiene en su mano bloquear las principales instituciones judiciales, ahora de mayoría conservadora

Investidura de Pedro Sánchez
Pedro Sánchez, el pasado sábado durante la primera jornada del debate de investidura.

La aritmética parlamentaria y la declaración de intenciones de todos los partidos representados en el Congreso anuncian una legislatura repleta de dificultades. Si no hay ninguna sorpresa de última hora en la investidura, el socialista Pedro Sánchez se enfrenta a un mandato sometido a toda clase de amenazas desde los primeros días. El debate de investidura le ha servido para confirmar sus temores: “No voy a contar con una oposición leal”, dijo. Y algunas de las lealtades con las que ahora cuenta son resbaladizas.

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) —13 diputados, cruciales para que el Gobierno saque adelante las principales leyes que ha prometido— avisó desde la tribuna parlamentaria: “Si no hay mesa [de negociación sobre el futuro de Cataluña] no hay legislatura”. En 15 días debe celebrarse la primera reunión entre los Gobiernos de Pedro Sánchez y Quim Torra. El PSOE pretende convencer al Ejecutivo catalán de buscar un acuerdo para mejorar su autogobierno, lo que se plasmaría en una reforma estatutaria que debería aprobar también el Congreso de los Diputados y ser sometida a una consulta en Cataluña. ERC quiere sacar de la negociación un compromiso para autorizar un referéndum de autodeterminación. Dos planteamientos muy distanciados para una negociación de la que depende en parte el futuro de la legislatura.

No es la única amenaza que tendrá que gestionar el Ejecutivo socialista para avanzar. La esperanza de Sánchez tiene dos cifras: 176 y 210. Necesitará la mayoría absoluta de la Cámara (176 diputados) para aprobar leyes orgánicas; precisará del apoyo de tres quintos del Congreso (210 diputados) para renovar órganos institucionales: el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo…

Bloqueo del poder judicial. El Gobierno de Sánchez se enfrenta a una situación parecida a la que sufrió el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero cuando trató de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Durante casi dos años (entre noviembre de 2006 y septiembre de 2008) esa institución estuvo en funciones y gobernada por una mayoría conservadora. El PP bloqueó durante dos años la renovación. En ese tiempo, el Poder Judicial se convirtió en un ariete contra el Gobierno socialista. Para elegir a los 20 vocales del Consejo (12 jueces y ocho juristas de reconocido prestigio) se necesitan mayorías de tres quintos en el Congreso y en el Senado. Sin los votos del PP, no es posible la renovación. El bloqueo permite mantener en manos del sector conservador el control del Consejo y que el magistrado Carlos Lesmes siga como presidente del Supremo. El Consejo del Poder Judicial decidirá en las próximas semanas el nombre de los tres magistrados que ocuparán las vacantes en la Sala de lo Penal del Supremo, un órgano clave para dirimir procesos judiciales que afectan a políticos —los recursos contra la condena al PP por el caso Gürtel o contra la inhabilitación de Torra por desobediencia— y al desafío independentista de Cataluña.

El Tribunal Constitucional también debe renovar ahora a cuatro de sus 12 magistrados. El PP tiene en su mano la posibilidad de bloquear o pactar una renovación donde se reparta con el PSOE los cuatro puestos, con lo que ese órgano mantendría la mayoría conservadora que ya lo domina ahora.

Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno necesita más síes que noes para aprobar los Presupuestos en 2020, herramienta clave a fin de garantizarse una cierta estabilidad. Sánchez precipitó el adelanto electoral en abril de 2019 porque le tumbaron las cuentas que había pactado con Unidas Podemos. Salir con éxito del próximo debate presupuestario daría oxígeno suficiente a Sánchez para garantizarse varios años de mandato.

Nuevas leyes orgánicas. La reforma de la ley de justicia universal, que el Gobierno del PP limitó al máximo, o la derogación de la ley de seguridad ciudadana, apodada por la izquierda como ley mordaza, son dos promesas de Sánchez que, pese a la necesidad de mayoría absoluta, pueden salir adelante sin excesivos problemas.

 

Más difícil que nunca

La derogación de la reforma laboral que el Gobierno de Mariano Rajoy acometió en su primer año de mandato tiene unos trámites más complicados, pues requiere una previa negociación con los sindicatos y la patronal. Los empresarios ya han manifestado su rechazo a los compromisos anunciados por Pedro Sánchez. En el Congreso, al Gobierno le bastaría con una mayoría simple (más síes que noes) para sacar adelante una de las medidas estrella de la legislatura.

Ni siquiera Rajoy, en su segundo mandato como presidente, cuando perdió la mayoría absoluta, tuvo este nivel de dificultad. Una moción de censura le apartó del poder cuando había logrado aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, un seguro de estabilidad que no le sirvió de nada. Sánchez cuenta con una ventaja: es casi imposible que, con la actual configuración de la Cámara, el líder del PP, Pablo Casado, recabe los 176 votos necesarios para salir con éxito de ese empeño.

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