Saltan los guardarraíles

No basta con las reglas de juego. También cuentan los guardarraíles de la democracia, tal como los han descrito los politólogos Steven Levinsky y Daniel Ziblatt en Cómo mueren las democracias. Dos de las más fundamentales son la tolerancia, por la que reconocemos al adversario como un sujeto respetable y digno, y la contención, por la que restringimos el uso de los instrumentos del poder, sobre todo cuando se dispone de ellos desde el Gobierno.

Un buen ejemplo del mal estado de los guardarraíles de nuestra democracia, fruto del manoseo partidista de las instituciones, son las resoluciones de este viernes de la Junta Electoral Central por las que se pretende inhabilitar a Quim Torra como presidente de la Generalitat y desposeer de la inmunidad parlamentaria como eurodiputado a Oriol Junqueras, en este caso contraviniendo la resolución del Tribunal de la Unión Europea y su clara indicación de que corresponde “al tribunal remitente”, el Supremo español, la aplicación de su sentencia.

Choca con el sentido común que un órgano administrativo y no jurisdiccional como una junta electoral pretenda erigirse en tribunal juzgador al margen del Tribunal Supremo y del máximo tribunal de la Unión Europea. Choca también el momento elegido para tales decisiones, un viernes por la tarde, puente de Reyes, a pocas horas del inicio de la sesión de investidura. Choca la escasa mayoría obtenida por el acuerdo de la Junta, con los correspondientes votos particulares que debilitan las resoluciones. Como choca también que la primera noticia en exclusiva haya sido proporcionada nada menos que por el jefe de la oposición y presidente del Partido Popular, Pablo Casado.

El PP es un partido de larga y fecunda trayectoria a la hora de abollar los guardarraíles de la democracia, hasta el punto de que una pormenorizada genealogía del desgraciado conflicto que enfrenta a una parte de Cataluña con el sistema constitucional encuentra sus orígenes en el constante manoseo del poder judicial y de los más altos tribunales por parte de dicho partido. Parece como si la única respuesta conservadora a la fragmentación parlamentaria y al camino de una nueva cultura de coalición al que se ven obligados los partidos de Gobierno sea mantener la sustitución de la política, es decir, del diálogo, la negociación y el acuerdo, por los apremios forzados desde las instituciones y la subrogación de cualquier iniciativa a la acción judicial.

Solo el Supremo puede destituir a Torra, con sentencia firme en la mano. También es el Supremo el que debe decidir como se aplica la sentencia europea sobre Junqueras. A los políticos que les quede un viso de responsabilidad no les corresponde pedir la absurda a inmediata destitución de Torra sino recuperar los guardarraíles de la democracia, es decir, la tolerancia y el reconocimiento del adversario y la contención en el uso de los instrumentos de recurso y de acción judicial con tanta frecuencia malgastados.