La defensa de los policías pide imputar a votantes del referéndum del 1-O

Cinco de los agentes imputados por las cargas policiales en el referéndum ilegal del 1-O de 2017 en Cataluña han pedido al juez que cite como investigados a los ciudadanos que se resistieron a la intervención de las fuerzas de seguridad.

El letrado de los agentes imputados, Antonio Suárez-Valdés, ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona en el que asegura que, en la causa en la que se investiga el posible uso desproporcionado de la violencia para impedir el referéndum, “constan datos de personas perfectamente identificadas” que se enfrentaron a los agentes y ofrecieron resistencia activa para impedir que ejecutaran la orden judicial que prohibía la consulta. El letrado cree que ciudadanos podrían ser coautores, cómplices o cooperadores de los delitos de sedición y desobediencia por los que el Supremo condenó a los líderes del procés.

El letrado de los policías apoya la petición del fiscal de que se acuerde el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas en dicho juzgado por la denuncia de la Generalitat. Amparándose en la sentencia del Supremo, la fiscalía asegura que, ante la dejación de los Mossos d'Esquadra, la intervención del Cuerpo Nacional de Policía fue necesaria, legítima y proporcional. Además, no se dirigió contra los ciudadanos que se limitaron a acudir a votar sino contra quienes mantuvieron una actitud de “recalcitrante negativa” y “resistencia, pacífica en ocasiones y en otras violenta”, siguiendo el llamamiento de los políticos independentistas.

De los 207 centros de votación de la ciudad de Barcelona, solo siete atendieron los requerimientos de la policía y no abrieron sus puertas; mientras que los Mossos cerraron dos centros y se llevaron material electoral, ya finalizadas las votaciones, de 43. La Policía Nacional intervino en 27. Por cada uno de estos últimos se ha abierto una pieza separada.

Pese a defender globalmente la intervención policial, la fiscalía admite “algunos excesos, cometidos por funcionarios concretos”, que no se “acomodaron a las exigencias de proporcionalidad y necesidad”. En concreto, pide la apertura de juicio oral a seis policías por delitos leves de lesiones o maltrato; así como la incoación de un procedimiento abreviado por lesiones. También, que se siga instruyendo la causa por el hecho más grave: el lanzamiento de la pelota de goma que dejó tuerto a Roger Español, acusado a su vez de atentado a la autoridad.