La reforma electoral de PSOE-Unidas Podemos propone implementar las “listas cremallera”

Las “listas cremallera” se convertirán en una prioridad para el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, según consta en el acuerdo pactado entre ambas fuerzas políticas. El documento rubricado este lunes por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias contempla implantar este tipo de candidaturas “en todos los procesos para garantizar la presencia de mujeres en las instituciones”.

Las llamadas “listas cremallera” —aquellas en las que hombres y mujeres se alternan en los puestos, ocupando unos los impares y otras los pares o viceversa— son las únicas que garantizan una representación prácticamente igual de ambos sexos en las instituciones.

Ya existen en algunas leyes autonómicas (Baleares, Castilla-La Mancha o Andalucía), pero no en la Ley Orgánica de Régimen General (Loreg). Para buscar la paridad, esta última establece que ningún sexo tenga un porcentaje de menos del 40% en las listas, divididas en tramos de cinco puestos. Sin embargo, el hecho de que muchas provincias tengan menos de cinco diputados, que se reparten entre varios partidos, hace que esta fórmula no garantice la paridad. En el actual Congreso hay un 43,5% de mujeres. Pero el grupo parlamentario de Vox, de extrema derecha y que se opone a la paridad, solo tiene un 25%.

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Esta reforma incluida por PSOE y Podemos en el acuerdo firmado este lunes en el Congreso requiere una modificación de la Ley Electoral, por lo que los firmantes del pacto se proponen trabajar “para conseguir un amplio consenso que permita modificar la fórmula electoral para mejorar la proporcionalidad del sistema”.

Más fácil debería resultar lograr un consenso para eliminar el voto rogado —también previsto en el documento—: es decir, el de aquellos españoles residentes en el extranjero que deben solicitar el derecho al voto para ejercer su derecho de sufragio. Todos los partidos están de acuerdo en eliminar este trámite que ha hecho caer la participación a mínimos históricos. El problema es encontrar la fórmula que permita eliminarlo sin volver a abrir la puerta a las sospechas de fraude, como sucedía antes de su introducción.

Además, PSOE y Unidos Podemos proponen abrir un debate en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, “sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a las personas jóvenes de 16 y 17 años”. En este punto, ambos partidos son muy prudentes y su compromiso se limita a abrir el debate, sin anticipar siquiera cuál será su posición.