El último jornal de Said Aballa
El caso del inmigrante cuyo cadáver fue abandonado por su contratador en un centro de salud expone la precariedad de los temporeros
Llueve de forma torrencial sobre la alfombra de 66 millones de olivos que cubre la provincia de Jaén. El agua encharca los tajos y paraliza la campaña de recolección de la aceituna. Hinojares, con apenas 300 habitantes, parece un pueblo fantasma. En el bar de la plaza del Ayuntamiento cuatro agricultores ocupan su asueto con el tapeo del medio día. Entre ellos está Francisco Moreno Escámez, que evita hacer declaraciones y parece mostrarse ajeno al suceso por el que esta semana ha sido detenido: abandonar en la camilla de un centro de salud el cuerpo de Said Aballa, un temporero saharaui que murió mientras trabajaba para él. El hombre, de 31 años, falleció de un infarto mientras recogía aceitunas, según reveló la autopsia.
Los caminos de Said y este empresario agrícola de 34 años se cruzaron en la vecina localidad de Pozo Alcón (4.700 habitantes), adonde Moreno acudió en busca de braceros para recoger la aceituna de sus olivos. Optó por la vía más rápida e irregular. Se fue a la plaza del pueblo y reclutó a los dos primeros inmigrantes sin papeles que encontró. Uno de ellos era Said Aballa, de 31 años y originario del Sáhara occidental, que pese a llevar varios años en España (migró en solitario cuando era menor de edad) no tenía regularizada su situación en España.
“Ahora queremos llevarlo cuanto antes al Sáhara porque está la familia llorando mucho y destrozada, pero más tarde claro que vamos a pedir que se investigue más en profundidad qué ha ocurrido”, comenta El Hassan Aiffi, cuñado de la víctima, que, junto a su mujer y otra hermana de Said, lleva toda la semana en el Anatómico Forense de Jaén esperando que acaben los trámites burocráticos que permitan repatriar el cadáver. “Y creo que el empresario también debería ayudar en los gastos de repatriación [unos 3.000 euros] porque abandonó el cuerpo y desapareció”, apostilla El Hassan.
En libertad con cargos por un delito contra los derechos de los trabajadores, Francisco Moreno cultiva una actividad política que ha salido a la luz tras el incidente. Fue apoderado de Vox en las últimas elecciones generales y concejal del PP durante varios años. Algunos activistas, sindicatos y partidos han señalado motivaciones ideológicas en su forma de actuar. “No es un caso aislado, existe mucha insolidaridad y rechazo social hacia los migrantes, que casi siempre vienen a ocupar puestos que no quieren desempeñar los españoles”, indica el fiscal Cristóbal Fábrega, también portavoz de Red Jaén Ciudad Abierta, uno de los colectivos que ha denunciado la precariedad laboral a la que se somete a los temporeros. “El caso está promovido por los discursos antiinmigración de fuerzas políticas en auge”, dice Juan Francisco Cazalilla, secretario del PCE en Jaén. La Fiscalía tendrá que estudiar si atribuye al empresario una responsabilidad penal por la muerte de Said, como solicita CC OO.
Pozo Alcón ha experimentado durante esta campaña un incremento inusual de inmigrantes, principalmente magrebíes, en busca de trabajo en el campo. Muchos vecinos denunciaron un aumento de la delincuencia y de la ocupación ilegal de viviendas por los temporeros y el alcalde Iván Cruz (PSOE) decidió pedir a la Subdelegación del Gobierno que reforzara la seguridad en el pueblo. “Ha existido un efecto llamada, pero la situación ya parece normalizada”, afirmó el regidor.
El alcalde condenó la acción del empresario, pero la reacción del Ayuntamiento a la muerte del temporero fue dejar claro que Pozo Alcón no era un municipio de acogida. Así lo expresó el Consistorio en su página de Facebook, donde también puede leerse que una de las iniciativas adoptadas tras la muerte de Said fue comprar billetes de autobús “para la salida de nuestro pueblo de personas inmigrantes que se encontraban en el municipio sin trabajo y sin recursos”. “Pozo Alcón no es un municipio de acogida, ni lo ha sido nunca”, se dice en la página.
“Todo vale”
Tanto los sindicatos como los vecinos asocian la llegada de mano de obra foránea con una percepción generalizada de que los empresarios locales emplean sin muchos reparos a inmigrantes en situación irregular. Un empresario, que prefiere omitir su nombre, justifica la práctica por el pequeño tamaño de las explotaciones del pueblo, con prevalencia de minifundios, que requieren solo de mano de obra durante unos pocos días. “Hoy por hoy todo vale, y los empresarios se están aprovechando de ello”, censuró Capilla Vega, de UGT Jaén.
Los sindicatos demandan más recursos de la Inspección de Trabajo contra la precariedad laboral en los tajos. En la provincia, la mayor productora de aceite de oliva del mundo, solo hay una decena de inspectores. En la última campaña apenas se impusieron medio centenar de sanciones y ninguna relacionada con la explotación de inmigrantes.
A los trabajadores en situación irregular empleados en el campo de Jaén se les suele pagar menos de lo que corresponde —unos 50 euros por siete horas de jornal, frente a los 65 que marca el convenio— y se les expone a una mayor precariedad y explotación. Muchos acaban refugiados en soportales, cajeros automáticos y en la estación de autobuses del pueblo, donde se quejan de sus condiciones laborales y del desinterés de los empresarios por facilitarles alojamientos dignos durante la campaña.
Seis años sin Tidiany
El caso de Pozo Alcón ha coincidido con el de otro propietario agrícola de Orcera, también en Jaén, acusado de agredir con una navaja a un temporero de Malí que se negó a recoger la aceituna de una zona en pendiente sin contar con medidas de seguridad. La muerte de Said también trae a la memoria a Tidiany Coulibaly, un maliense de 22 años que desapareció en las Navidades de 2013, tras una discusión con su patrón. Aunque el cuerpo de Tidiany nunca llegó a aparecer, hace tres años se juzgó al empresario que lo había empleado, pero la Audiencia Provincial lo absolvió por falta de pruebas. Sí fue condenado —a dos años y medio de cárcel que no llegó a cumplir— por delitos contra los derechos de los trabajadores, de obstrucción a la justicia y de defraudación de fluido eléctrico.
