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Las fronteras invisibles de El Ejido

Las mujeres suavizan la convivencia en el municipio almeriense donde viven cientos de inmigrantes marginados

Hay una frontera entre los 65 metros que separan El Acuario y El Sevilla, dos bares de El Ejido. En el primero cuelga una bandera de España con el águila y un trío de señores malhumorados fuma puros y juega al dominó un miércoles por la noche. En el segundo, a la hora de comer, se emite el telediario en árabe de Al Jazeera, mientras su clientela marroquí come una paella. Son dos formas de entender El Ejido, el municipio almeriense donde tres de cada diez vecinos son inmigrantes y que arrastra a disgusto haber sido el escenario de los ataques xenófobos más graves de la historia reciente de España. En aquel estallido de violencia hace 18 años los vecinos liberaron “la caza del moro” durante tres días y a Lola, la dueña de El Sevilla, casada con un marroquí, le reventaron el bar.

Trabajadores inmigrantes salen de los invernaderos al caer la tarde. Ver fotogalería
Trabajadores inmigrantes salen de los invernaderos al caer la tarde.

El Ejido, que llegó a ser uno de los pueblos más ricos de España, ha asumido y no sin resignación que los de fuera, de 94 nacionalidades distintas, han venido a quedarse. En 2002 los marroquíes, los más numerosos, representaban un 8% de la población. Ahora, al menos según el censo, hay un marroquí por cada cinco vecinos. Pero el pueblo, que tiene un restaurante con una estrella Michelin, no tiene un cementerio musulmán. Ni minaretes. Ni representantes políticos extranjeros. Tampoco grupos mixtos en los bares.

La hostilidad no es la de antaño, ahora se ejerce de forma más sutil. Khalid, un profesor pagado por el Gobierno marroquí para dar clases de árabe en los colegios, busca un apartamento hace dos meses. “Por teléfono me atienden, pero cuando ven que soy marroquí ya está todo alquilado”, se queja. Por 400 euros, el mismo presupuesto del profesor, a esta reportera le ofrecen “en cuanto se libere” un piso de tres habitaciones. Hasta hace poco se leía en las puertas de algunos locales una advertencia: “Solo socios”. O solo blancos, para quien captase la astucia. Cada uno ha sobrentendido cuál es su sitio. “Prefiero comprar en un comercio de alguien de aquí”, reconoce el churrero José Antonio Garrido. Mientras, los inmigrantes, recién desembarcados en la patera, continúan llegando atraídos por un jornal recogiendo pimientos.

LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS

Fuente: INE

La última encuesta del CIS da a Vox un escaño por Almería, la provincia con la mayor tasa de extranjeros de España, según el Instituto Nacional de Estadística. No fue casualidad que la formación ultraderechista iniciase su campaña andaluza en El Ejido, gobernado por la derecha desde 1991. En un salón de bodas a reventar se oyeron frases como “África no cabe en España” o “¿qué país le dejaremos a nuestros hijos? ¿la imposición del burka?, ¿el sentirnos extranjeros en nuestra propia tierra?”. Aplausos.

El verdadero cambio en El Ejido lo han traído las mujeres, cuya presencia comenzó a notarse a partir de 2003. Y los niños. Los colegios se han convertido en un laboratorio de convivencia y han arrastrado a los padres, y sobre todo a las madres, a entenderse. “Es en los colegios de Las Norias [un castigado barrio con más del 60% de vecinos inmigrantes] que ha nacido un proyecto que integra centros de salud, servicios sociales y asociaciones de padres y de vecinos para trabajar por la convivencia”, explica Isabel Bonilla de la Asociación Codenaf, una de las participantes.

Cambio revolucionario

El cambio, mantienen los implicados, ha sido revolucionario. “Hace siete años era raro que las niñas marroquíes fuesen a la universidad y no se titulaba ningún alumno inmigrante. Hoy, más de la mitad de los titulados son extranjeros”, cuenta Pedro Lozano, director del premiado instituto Francisco Montoya que tiene un 65% del alumnado extranjero de 14 nacionalidades. “Fuimos por delante de la Administración y apostamos por un proyecto educativo basado en la convivencia. Aún tenemos reacciones racistas de algunos padres, pero con puntuales”.

Los invisibles siguen siendo el desafío de la Administración y no solo la local. Entre invernaderos malviven cerca de 2.000 personas, según los cálculos de la Fundación Cepaim, que apoya a los trabajadores del llamado mar de plástico. Quien tiene papeles cobra un jornal de 46 euros, quien no, mendiga en las rotondas para trabajar por 32. La ley de extranjería choca con las necesidades de un mercado de trabajo nutrido de mano de obra africana y empuja a los inmigrantes con su burocracia a la marginalidad. La principal vía para regularizarse es demostrar tres años de residencia en España y presentar un contrato de un año en un sector en el que el 96% de las contrataciones son eventuales, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. “Hay que cambiar la ley. Es un obstáculo. Para el empresario y para el inmigrante”, reivindican desde Cepaim.

La eventualidad y las trampas de los empresarios al contratar a los extranjeros por menos días de los que en realidad trabajan son las principales denuncias de CCOO. “Es un problema para el trabajador, pero también para la Seguridad Social. Hay una bolsa de fraude millonaria”, explica el sindicalista Máximo Arévalo.

Sidy Traouvre (al fondo), comparte cama en una habitación donde duermen otras seis personas.
Sidy Traouvre (al fondo), comparte cama en una habitación donde duermen otras seis personas.

Sidy Traouvre, de 19 años, llegó en patera a España en agosto tras ocho meses de viaje desde Mali. Hoy comparte cama con un compatriota que le ofreció techo en un cortijo por el que pagan 1.200 euros. Duermen ocho en la misma habitación llena de literas, ropa y maletas. Son 24 en total compartiendo un baño inmundo y cocinando con agua del aljibe usada para regar. “No es fácil encontrar lo que uno espera, pero yo me adapto”, dice ante un contenedor lleno de basura y moscas. Médicos del Mundo, que trabaja en la zona, ha documentado una larga lista de enfermedades entre el colectivo que subsiste atrapado entre plásticos. Hay problemas estomacales y enfermedades de la piel, pero también depresión y cuadros de ansiedad ante la frustración de su proyecto migratorio.

El jefe del área de servicios sociales del Ayuntamiento, Manuel Ariza, usa un boli para dibujar una línea recta con la que explica en qué punto se encuentra El Ejido. Usa los datos de la última encuesta sobre convivencia social, realizada por la Obra Social La Caixa, en territorios de alta diversidad. En el extremo izquierdo escribe “hostilidad”; en el derecho, “convivencia” y en el centro escribe “coexistencia”. “Aquí es cuando cualquier llama prende fuego”, advierte. El Ejido, lejos de la hostilidad total, ha superado en algunos puntos la frontera de la coexistencia. “Esto te da un colchón de resolución de conflictos de leve a moderada intensidad”, explica Ariza, bandera española en la muñeca y en la pantalla del reloj. La convivencia de verdad deberá ser objeto de próximos estudios.

 

Los españoles que migran al campo de golf

El municipio, de 88.000 habitantes (un 54% más que en 2002) continua creciendo al calor de una temporada agrícola de diez meses regada con mano de obra barata, extranjera y también irregular. Pero sus vecinos, en lugar de concentrarse alrededor de su Corte Inglés, se han dispersado creando fronteras que solo se intuyen. Los españoles han ido abandonando las zonas en las que se han acomodado los inmigrantes. Del centro urbano, hasta Las Norias, el castigado barrio de El Acuario y El Sevilla, donde las familias han ocupado edificios enteros y hasta habilitado garajes para tener donde vivir.

Los ejidenses que pueden han comprado un apartamento en Almerimar, la zona con vistas al mar, puerto, ingleses en camiseta y campo de golf. No les gusta asomarse a la ventana y ver mantas y ropa tendida en la terraza del vecino. Aquel que no habla su idioma y reza a un Dios del que desconfía. “No te puedo decir cómo es la convivencia porque yo no convivo. Y además no se les puede decir nada, porque en cuanto subes el tono te acusan de ser racista”, se queja María Martín, dueña de un puesto de pescado y de un apartamento en Almerimar.

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