Abierto el juicio contra el exdirector de Trabajo de la Junta en una pieza separada de los ERE
Francisco Javier Guerrero está acusado de prevaricación, malversación y tráfico de influencias
El viacrucis judicial del ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, acaba de comenzar. Justo una semana después de que la Audiencia de Sevilla lo condenara a siete años, 11 meses y un día de prisión y a 19 años de inhabilitación absoluta por malversación y prevaricación en la causa política de los ERE, el Juzgado de Instrucción Número 6 de la capital andaluza ha ordenado la apertura de juicio oral contra él por prevaricación, malversación y tráfico de influencias por otorgar ayudas a “amigos y vecinos”. La Fiscalía pide por estos delitos una pena de siete años de cárcel y 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta.
El juez de refuerzo que ha dictado el auto, José Ignacio Vilaplana, acordó el pasado 17 de septiembre procesar a Guerrero y a otras cinco personas, contra las que también ha presentado cargos, por lo que se ha llamado la pieza de las “pólizas individuales”, en referencia a las pólizas de rentas temporales y de capital diferido “concertadas sin causa justificada” y a iniciativa del antiguo director general de Trabajo “en beneficio de personas físicas de su entorno cercano, cuatro personas (amigos y vecinos), por propia iniciativa [de Guerrero] o por pedírselo la persona interesada”. Se trata de un claro ejemplo de lo que se ha bautizado como los intrusos de los ERE, los beneficiarios de las ayudas a empresas en crisis y para la prejubilación de trabajadores que no tenían derecho a percibirlas.
En el escrito de septiembre, el juez sostenía que el exdirectivo de la Junta “aprovechó la suscripción en el curso de los años 2002, 2006 y 2007 de diversas pólizas de seguro de rentas de supervivencia y capital diferido mediante las cuales la Consejería de Empleo pretendía hacer llegar ayudas públicas a empresas en situación de crisis o conflicto laboral, para introducir en tales pólizas o en sus ampliaciones, al margen de cualquier expediente de regulación de empleo o ayuda sociolaboral” a cuatro personas, dos de ellas fallecidas (una el exalcalde de El Pedroso, la localidad sevillana de donde es de Guerrero).
La apertura del juicio oral se produce tras la decisión de la Audiencia de Sevilla de no excluir de esta pieza separada del caso de los ERE a Guerrero, después de haber sido condenado por malversación en la pieza política de la macrocausa. Su defensa pidió que no se le incluyera en aplicación del principio de non bis in ídem, que impide condenar a una persona por los mismos hechos. El ex director general de Trabajo tiene otra cita este jueves en la sede de los juzgados de la capital andaluza para dirimir la petición de la Fiscalía de su inmediato ingreso en prisión tras la condena del pasado martes.
Además de a Guerrero, para quien el instructor ha impuesto una fianza de 1,1 millones de euros, la Fiscalía pide para los dos supuestos beneficiados de las pólizas una pena de cuatro años y 5 meses de prisión y 7 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por los delitos de prevaricación y malversación, y para la hija de uno de ellos dos años y 11 meses de prisión. Respecto de los representantes de las aseguradoras Vitalia y Vitalia Vida implicados en el presunto fraude, el Ministerio Público reclama seis años y 10 meses de cárcel y 16 años de inhabilitación absoluta y seis años de prisión y 15 de inhabilitación, respectivamente.
El 30 de mayo, la Audiencia de Sevilla ya condenó a Guerrero a cinco años de prisión por crear una estructura de contratación paralela en la Dirección de Trabajo de la Consejería de Empleo. Fue la primera pena de cárcel para el exdirectivo de la Junta que ejerció sus funciones como director general de Empleo entre 1999 y 2008.
La Junta de Andalucía, por su parte, ha solicitado nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación, cinco años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta por malversación y seis meses de cárcel, tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y el pago de una multa de 1,39 millones de euros por tráfico de influencias para Guerrero.
El PP de Andalucía pide para el ex alto cargo siete años de cárcel y 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso con otro de malversación.
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