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La familia El Asad usó dos históricos testaferros en la trama de blanqueo en España

El tío del dictador sirio recurrió a dos personajes que también constan en la 'offshore' que provocó la caída de Moix, antiguo fiscal jefe Anticorrupción

J. J. Gálvez
Rifaat el Assad, durante una entrevista en París en 2011.
Rifaat el Assad, durante una entrevista en París en 2011.MICHEL EULER

Los tentáculos de Rifaal El Asad, el exvicepresidente sirio procesado por blanquear supuestamente en España cientos de millones de euros, alcanzaron Panamá gracias a, entre otros, dos históricos testaferros del país centroamericano: Adelina Chavarria de Estribi y Pablo Javier Espino. Según la investigación del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, el tío del actual dictador sirio recurrió a ambas personas desde los años ochenta para crear al menos 25 compañías, que formaron parte del complejo entramado societario utilizado para su enriquecimiento ilícito a través de todo tipo de negocios, como el narcotráfico y la extorsión.

Tanto Chavarria como Espino ya han aparecido en otras investigaciones periodísticas en España. Los dos fueron, por ejemplo, “suscriptores” de la empresa Duchesse Financial Overseas, la offshore de la familia de Manuel Moix, el antiguo fiscal jefe Anticorrupción, que dimitió en junio de 2017 tras conocerse que poseía esta sociedad en Panamá. Y la primera, a su vez, también consta en una de las compañías centroamericanas, Walden Enterprises, que usó la hermana de Rodrigo Rato para custodiar su patrimonio antes de trasladarla a España en 2013 tras la amnistía fiscal aprobada por Cristóbal Montoro (PP), entonces ministro de Hacienda, según publicó El Español.

El juez De la Mata ha destacado a estos dos testaferros en el auto de procesamiento dictado el jueves contra Rifaal El Asad y otras 13 personas de su entorno, entre ellas sus dos esposas y ocho hijos. El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 califica incluso a Adelina Chavarria como un “ejemplo paradigmático”: “Participaría en al menos 27.250 mercantiles panameñas” subraya en su escrito. También les vincula con la compañía Hiba Development S.A., “una de las sociedades que más relevancia ha tenido en el entramado” de la familia del exvicepresidente sirio.

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Esta empresa fue inscrita en el registro de sociedades panameñas el 7 de julio de 1986 con Chavarria y Espino entre sus cargos, además de varios hijos del cabecilla de la trama —los hermanos Alí, Natal, Sabla y Siwar El Asad—. La compañía se centró en utilizar “una ingente cantidad de sociedades gibraltareñas”, en la que tenía “multitud de acciones”, para urdir el presunto entramado opaco que se dedicaba a adquirir inmuebles en España. Y, de esta forma, “habría introducido desde un paraíso fiscal grandes cantidades económicas para el abono de parte de las propiedades adquiridas”, detalla el magistrado.

La investigación de la Audiencia Nacional, que procesó la pasada semana a Rifaal El Asad y a otras 13 personas de su entorno, ha desvelado el complejo entramado societario diseñado para blanquear supuestamente 695 millones de euros en España mediante la compra de inmuebles, principalmente en la Costa del Sol (Málaga). Rifaal El Asad es conocido públicamente con el apodo de El carnicero de Hama, por estar detrás de la represión en esta ciudad siria en los años ochenta, cuando era responsable de la seguridad del régimen. En 1984 abandonó su país en plena batalla interna por suceder a Hafez el Asad, entonces presidente y padre del actual mandatario sirio.

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Pese a ello, destaca el auto judicial, Rifaat el Asad acordó con su hermano saquear las arcas públicas para llevarse alrededor de 300 millones de dólares (unos 270 millones de euros actuales). A ese dinero sumó las enormes ganancias que acopió a través del expolio de la riqueza arqueológica de Siria —cuyas piezas exportaba a través de un puerto deportivo en la ciudad de Latakia, en la costa mediterránea— y mediante las plantaciones de cannabis que controlaba en Siria y en Líbano. Todo ello le permitió, según la investigación de la Audiencia Nacional, desviar al menos 695 millones de euros para blanquearlos en España a través de la compra de 507 propiedades entre 1986 y 2005. Entre otros inmuebles, constan plazas de aparcamiento, trasteros, locales comerciales, fincas, apartamentos… Ocultos siempre bajo esa maraña de sociedades.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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