La Fiscalía recurre las imputaciones a periodistas por informar sobre el sumario de los ‘cdr’

La Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido este viernes el auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en la que citaba en calidad de investigados a una docena de periodistas —de ocho medios diferentes— por publicar informaciones sobre el sumario de los cdr cuando estaba bajo secreto de sumario. El titular de este juzgado, Juan Carlos Peinado, imputó a los ocho reporteros (entre ellos dos redactores de EL PAÍS, Óscar López-Fonseca y Fernando J. Pérez) por publicar noticias de los sumarios que se filtraron de "forma masiva" sobre la detención de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), acusados de un delito de terrorismo. Peinado considera que los periodistas pudieron hubieran incurrido en algún tipo de responsabilidad penal por la divulgación de datos relativos a actuaciones procesales declaradas secretos.

Para el representante del ministerio público no existen indicios de que los profesionales de la información de EL PAÍS, cadena SER, Abc, El Confidencial Digital S.L, El Mundo, La Vanguardia, El Español y RTVE hubieran cometido delito alguno y pide por ello al juez que deje sin efecto las citaciones previstas para el próximo 29 de noviembre. "No siendo responsables de la infracción penal que es objeto de la instrucción de la presente causa, no cabría dirigir el procedimiento contra los mismos en calidad de investigados", escribe la Fiscalía.

La imputación de los reporteros llegó después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidiera remitir a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla la solicitud de las defensas de miembros de los CDR de que se investigara la "filtración masiva" a algunos medios de comunicación sobre la causa contra ellos a pesar de que estaba bajo secreto de sumario. Las defensas de los miembros de los CDR solicitaron que se investigase si esa "filtración masiva procede de la Guardia Civil o de la Fiscalía", a las que señalaban en su denuncia. Criticaban, además, que mientras ellos no tenían "el más mínimo conocimiento de los hechos" y solo conocían la imputación provisional que se atribuía a sus defendidos, los medios habían publicado de forma "exhaustiva" los autos, incluidos vídeos de la Guardia Civil sobre los registros practicados. Las defensas, en fin, pidieron la incoación de pieza separada encaminada a averiguar la autoría de las filtraciones denunciadas.

El juez remitió entonces el escrito de las defensas al Juzgado Decano de Madrid. La causa recayó en el Juzgado de Instrucción 41, que acordó la incoación de diligencias previas. La Fiscalía recuerda ahora que en esta resolución se recoge "únicamente" que las actuaciones se iniciaron en virtud de denuncia de este juzgado "por un posible delito de revelación de secretos por funcionario", sin especificar los artículos concretos del Código Penal que considera infringidos y "sin exponer los motivos por los que considera presuntos autores de los hechos a los medios de comunicación contra los que dirige la causa".

El recurso de la Fiscalía señala que puesto que el hecho presuntamente delictivo sería la filtración a los medios de datos de un procedimiento judicial que está declarado secreto. También considera que la posible vulneración del secreto sumarial afectaría al artículo 466 del Código Penal, que castiga la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, pero que solo afecta a abogados, procuradores, jueces, miembros de un tribunal, particulares que intervengan en el proceso, etc., pero no a periodistas.

Aunque el auto solo menciona un delito de revelación de secretos por funcionario público, la Fiscalía advierte de que incluso cabría que los hechos también pudieran ser constitutivos de un delito de revelación de secretos por afectar a la intimidad de las personas investigadas en la causa. En estos casos la divulgación de noticias puede afectar a la intimidad de las personas a las que dichas informaciones se refieren cuando entran en conflictos dos derechos fundamentales: el derecho a transmitir y recibir información veraz y el derecho a la intimidad. Tras citar la reiterada jurisprudencia del Constitucional sobre esta cuestión, el recurso deja bien claro que con independencia de que la fuente empleada por los medios pudiera estar viciada, "la información publicada cumple con los requisitos constitucionales de información veraz (en ningún momento se pone en duda en las denuncias presentadas que la información divulgada no sea cierta) e interés público". De ahí que la difusión de dicha información esté "plenamente" amparada por el derecho a la información "sin que se pueda exigir responsabilidad penal alguna a los medios de comunicación que la han difundido". La Fiscalía, eso sí, deja la puerta abierta a que el juez cite a los periodistas en calidad de testigos si lo estima necesario para investigar el modo en que obtuvieron la información.

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ya adelantó este jueves que estaba estudiando la "posibilidad de impugnar" la imputación de los periodistas. "La Fiscalía, desde la perspectiva y desde la óptica de la defensa del derecho a la libertad de transmitir información y opinión veraz, va a analizar esa incoación y las decisiones que se han tomado para citar como investigados a determinados medios. Las va a analizar desde esa perspectiva y estamos estudiando la posibilidad de impugnar esa resolución", precisó la fiscal general del Estado.

Entre las informaciones publicadas por EL PAÍS están las sospechas de que los miembros de los CDR arrestados establecieron un "canal seguro" de enlace entre Torra y Puigdemont, un sistema de comunicación a través de la hermana del expresident huido en Bélgica. Este periódico también informó sobre los ensayos que los detenidos realizaron sobre posibles acciones en el boicot contra el Consejo de Ministros en Barcelona, o sobre cómo uno de ellos involucró a Torra en el plan de tomar el Parlament.