La justicia reabre la investigación del Alvia para aclarar si Talgo borró pruebas

Vuelve a demorarse el juicio sobre el descarrilamiento del tren Alvia, el primer accidente mortal en España en alta velocidad, ocurrido el 24 de julio de 2013 en Angrois (Santiago de Compostela) en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. La Audiencia Provincial de A Coruña, que se disponía a ordenar la apertura de juicio oral, ha decidido reabrir la causa tras conocer la declaración jurada de un extécnico de Talgo, presentada el pasado mes por la plataforma de víctimas, en la que asegura que responsables de esta empresa ordenaron, a escasas horas de producirse el siniestro, el borrado de datos sobre averías del tren durante esa jornada.

Seis años después del accidente, la sección sexta de la Audiencia de A Coruña devuelve la causa al juez instructor de Santiago para que continúe las diligencias y “con la máxima celeridad posible se depuren estos hechos”. Así consta en el auto fechado este martes en el que los magistrados destacan que es “ineludible investigar los hechos expuestos” por los afectados “tanto por lo que se refiere a la supuesta destrucción de pruebas como a la situación en que se hallaba el tren y su posible relación con el accidente, que ha sido uno de los objetos principales de la investigación”.

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La sala de la Audiencia ya había ordenado en 2016 al juez instructor, Andrés Lago Louro, que reabriera la investigación que había cerrado imputando solo al maquinista. Tras la reapertura, el instructor acabó acusando además al jefe de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte. Ahora, tras la declaración del técnico sobre los supuestos borrados, la Audiencia ordena a Lago Louro que retome la causa en la situación previa a la introducción de los nuevos hechos.

El abogado de la plataforma de víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo, pide al juez que cite como testigos tanto al técnico que denuncia el borrado de los datos sobre averías como al jefe del taller, el director de mantenimiento y el administrador de sistemas informáticos. La plataforma sostiene que ha comprobado que el técnico revisó el tren siniestrado y estuvo presente en los talleres cuando se produjo la tragedia.

Así se lo ha hecho saber al presidente de Talgo, Carlos de Palacio, a quien el colectivo escribió el pasado octubre al conocer las declaraciones sobre el borrado de datos del extrabajador de esta empresa, pidiéndole la apertura de una investigación interna “para aclarar si unos hechos tan graves son ciertos o no; siguiendo el ejemplo de grandes empresas como General Motors que ante una situación 'similar' inició una investigación interna, recibió a las víctimas y familiares y depuró responsabilidades".

De Palacio respondió mediante burofax. Lejos de acceder a abrir la investigación interna y de recibir a las víctimas, arremete en ese escrito contra el extécnico, “despedido por causas disciplinarias”, que denunció y afirma que Talgo ha iniciado las “acciones legales oportunas por delito de calumnias” contra él. “Talgo nos ha ninguneado”, ha asegurado a este diario Jesús Domínguez, presidente de la asociación de víctimas, expresando la satisfacción del colectivo por que se investigue el supuesto borrado de los datos del tren siniestrado “aunque ello suponga una nueva demora del juicio”.

La comunicación entre la empresa ferroviaria y los afectados se interrumpió después de que estos contestaran al burofax insistiendo en la reunión personal para conocer “todos los detalles de la investigación que han llevado a cabo para decir con esa rotundidad que las acusaciones de un mecánico oficial de Talgo son absolutamente falsas: como por ejemplo personas que estaban presentes en los talleres en el momento y después del accidente, las auditorías del software y la base de datos, los registros, etc.”. Ahora investigará la justicia.