El árbol protegido que terminó invadiendo una casa

El patio de la casa de Ernesto Díaz es muy particular. Es amplio y tiene una zona de barra con barbacoa. También cerca de 30 metros cuadrados ocupados por una veintena de ramas de un enorme ficus que se adentraba sigilosamente por una de sus esquinas tapando una puerta de acceso. El crecimiento del árbol ha agrietado los muros que rodean a la vivienda e impedido el acceso a las brasas, pero esta familia malagueña no se ha atrevido a tocar ni una hoja del árbol: cuando en 2013 lo podaron recibieron una multa de 3.855 euros por parte del Ayuntamiento de Málaga. “Cualquiera lo toca ahora”, dice Díaz, que lleva seis años batallando por una situación que considera “absurda y muy injusta”. El Consistorio ha informado de que esta es viernes por la mañana ha cortado las ramas. La familia no se lo podía creer -afirman que no les han avisado-, pero seguirá pagando la sanción.

La vivienda está ubicada en El Tarajal, una barriada escondida entre polígonos industriales cerca del aeropuerto de Málaga. Tiene tres dormitorios, una cocina enorme, un salón acogedor y una amplia terraza. Hasta allí, Ernesto llevaba este miércoles una carpeta blanca con cerca de 300 folios. Son los documentos de su cruzada contra la burocracia por el que han pasado tres concejales de Medio Ambiente -Raúl Jiménez, José del Río y Gema del Corral- y que empezó el 25 de septiembre de 2013. La familia llevaba entonces unos días de obra para elevar el muro de la terraza y renovar el espacio para disfrutar de la casa, heredada de los abuelos, para lo que gastaron 42.000 euros. La Policía Local identificó entonces a Inmaculada Díaz, hermana de Ernesto y el jardinero al que habían contratado, Eugenio Robles. No tenían licencia para realizar ninguna poda, “lo que se traduce en una denuncia”, explican fuentes del Ayuntamiento de Málaga.

Días después, Inmaculada y Eugenio recibieron el expediente sancionador: 300 euros por no solicitar la licencia de poda -algo que la familia reconoce y justifica por su desconocimiento- y otros más de 3.000 en concepto de reposición del ficus, de la variedad elástica y bajo protección municipal. El Ayuntamiento de Málaga cuantificó que la poda del árbol superó el 80% de la copa y, de esa manera, lo considera técnicamente talado. “Pero ahí está”, dice Ernesto. Fuentes municipales subrayan que el ficus había sido podado a un metro escaso de su base, “lo que supone una merma total de su supervivencia y la posibilidad de un crecimiento adecuado del mismo”.

Comenzó entonces una serie de recursos rechazados una y otra vez por el Ayuntamiento hasta que el expediente pasó directamente al ente municipal Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios, que anunciaba un posible embargo de las cuentas de Inmaculada y Eugenio por no pagar la sanción. Así fue. En octubre de 2016 a ella le embargaron los 336,40 euros que tenía en la cuenta y a Eugenio, 2.355: 1.900 euros de multa y 455 de intereses. “Mi hermana no tiene trabajo y le quitaron todo lo que tenía. Desde entonces ha tenido que pagar 85 euros al mes porque pudo fraccionar la deuda”, dice Ernesto Díaz.

El Ayuntamiento envió, ya en junio de 2017, a unos técnicos para comprobar el caso. “Se observa que existe un ejemplar de ficus elástica”, dice el documento. Está firmado por el ingeniero técnico municipal Gerardo E. Ramos que, tras la visita indica que las “ramas nuevas que están creciendo se apoyan sobre el muro de la vivienda, con el consiguiente riesgo futuro de daños”. Pero como el árbol está en dominio público hidráulico del arroyo Pocapringue, se deja el caso en manos de la Junta de Andalucía, responsable sobre el terreno. Esta autoriza a la familia a cortar el árbol porque, además de a la vivienda, puede afectar al cauce del río y para ellos no tiene protección. “Pero no nos hemos atrevido por los problemas que hemos tenido por una simple poda”, dice Ernesto Díaz.

Tras un nuevo ir y venir de documentos, todo se enrocó aún más cuando Gestión Tributaria devolvió el importe pagado de las multas “por un error de procedimiento” pero lo inició de nuevo. Así, a primeros de junio de 2018 reintegró a Inmaculada cerca de 1.700 euros -lo que había pagado hasta la fecha- pero a Eugenio solo los 455 euros de intereses. Y 18 días después, la mujer volvía a recibir otra carta para pagar de nuevo una multa de ida y vuelta. El jardinero no, puesto que no había recibido la devolución. Ahora la familia sigue pagando 94 euros de multa al mes.

El pasado 1 de noviembre, Ernesto recibió la visita de dos agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Su informe deja claro que la especie no tiene ningún tipo de protección para la administración andaluza y se puede cortar. Y esta misma mañana -viernes, 8 de noviembre- técnicos municipales han retirado las ramas que invadían la vivienda comprobando que el árbol “no ha podido recuperarse y solo ha ido generando ramas sin consistencia”, según fuentes del ayuntamiento. Por eso, van a proceder en los próximos días a trasladarlo a otra ubicación. Ernesto Díaz, sorprendido por ver por fin su patio limpio de ramas y porque nadie le haya avisado de los trabajos, ha comunicado también el caso al Defensor del Pueblo Andaluz porque cree “injusto” tener que pagar la multa. El ficus aún dará que hablar.