Detenidos por falsear 300 analíticas de agua y legionela en piscinas e instituciones de Castellón y Valencia
Entre las 69 entidades afectadas hay 29 ayuntamientos, ocho campings, residencias de ancianos y colegios
Dos hombres detenidos y otras dos mujeres investigadas por varios delitos contra la salud pública y estafa es el saldo que deja la llamada Operación GRAM CS. Con ella, la Guardia Civil de Castellón cierra cinco meses de investigación centrada en una empresa donde se falsificaron presuntamente más de 300 analíticas de agua y legionela de piscinas y otras instalaciones deportivas y turísticas de riesgo. Entre las 69 entidades perjudicadas hay 29 ayuntamientos, ocho campings, residencias de ancianos, colegios y otras dependencias, en su mayoría ubicadas en la provincia de Castellón aunque también se han detectado afectados en Valencia. La estafa asciende por el momento a 20.000 euros, según han informado fuentes del cuerpo de seguridad.
Fue una denuncia la que el pasado mayo llevó a efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón a investigar, dado el inminente riesgo contra la salud pública ante el inicio de la época estival, la actividad de una sociedad que, al parecer, se dedicaba a falsear los informes de ensayo de las analíticas. En estos informes se analizaba, entre otros parámetros, la existencia de legionela, según han señalado las mismas fuentes.
La firma investigada era la encargada de mediar entre los organismos y las empresas que solicitaban las analíticas siguiendo los protocolos sanitarios establecidos y los laboratorios donde debían realizarse dichas pruebas. Según han informado a EL PAÍS desde la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, la empresa falsificaba directamente los datos, sin llegar a remitir las pruebas al laboratorio para que éste ejecutara los informes, pero cobrando previamente por ese servicio. Los agentes localizaron la sede social de la entidad y, tras un registro de las instalaciones el pasado julio, se intervino abundante documentación.
La Guardia Civil ha tomado declaración a representantes de las 69 entidades afectadas, entre las que se encuentran 29 ayuntamientos, ocho campings, una residencia de ancianos, colegios y otras instalaciones de riesgo, situadas la mayoría de ellas en la provincia de Castellón. De estas diligencias se han obtenido más de 400 informes de ensayos, de los cuales 314 no coinciden con los reales emitidos por los laboratorios también afectados, valorándose la estafa en más de 20.000 euros hasta el momento.
Los detenidos son dos hombres de entre 39 y 53 años de edad, a quienes se les atribuye varios delitos contra la salud pública y estafa. Además, se investiga a dos mujeres de edades similares por estos mismos hechos. La actuación ha sido realizada por efectivos del Equipo Territorial de Policía Judicial de Oropesa del Mar, de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, conjuntamente con el departamento de Salud Ambiental de la Consejería de Sanidad, para garantizar que no exista un riesgo contra la salud pública, así como para determinar el riesgo potencial que ha supuesto la emisión de los informes de ensayo falsos.
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