Una legislatura corta y sin huella legislativa

Las Cortes quedarán hoy, martes 24 de septiembre, disueltas por un real decreto firmado por el Rey que publicará inmediatamente el Boletín Oficial del Estado. Todas las iniciativas propuestas por los grupos parlamentarios en esta extraña y corta XIII legislatura decaerán, ya sin la menor validez. El registro del Congreso, eso sí, vuelve a figurar atestado de proposiciones, preguntas e interpelaciones de los partidos otra vez sin ningún recorrido. El mandato parlamentario ha durado apenas 126 días —con los meses de julio y agosto en principio inhábiles—, el segundo más corto de esta historia democrática tras las 111 jornadas que aguantó la XI legislatura del Gobierno en funciones de Mariano Rajoy en 2016.

En los dos únicos plenos organizados, las iniciativas admitidas —tomadas en consideración— estaban apenas al comienzo de su tramitación, muy lejos de poder llegar a su aprobación. También decaen. En cuanto a la función legislativa de la Cámara, ha dado espacio para que los grupos hayan registrado 52 proposiciones de ley; dos por parte de diputados individuales, 16 desde comunidades y ciudades autónomas; cinco reformas de estatutos de autonomía, y siete iniciativas legislativas populares. Todo ese trabajo no llegará a ningún puerto.

PP, Ciudadanos y Vox se han quejado de que el Gobierno socialista no ha permitido debatir esos proyectos. La mayoría de la Mesa, de PSOE y Podemos, ha priorizado sus iniciativas, como el proyecto de ley de eutanasia o la derogación del plazo máximo previsto por la ley de Enjuiciamiento Criminal para investigar por ejemplo casos de corrupción. Se aprobó por esa mayoría tomar en consideración esas reformas, pero no tendrán tiempo de salir adelante, como tampoco el plan para transferir la titularidad de la autopista de peaje en Galicia AP-9 a la Xunta, o la ley de igualdad de trato y oportunidades entre el hombre y la mujer, la ley contra las puertas giratorias o la de reducción de plásticos de un solo uso.

PP y Ciudadanos, por su parte, intentaron activar debates sobre la modificación de la ley de indultos (de 1870), para cambiar las fórmulas de acatamiento a la Constitución para evitar peculiaridades en el caso catalán o para insistir en la discusión de la gestación por sustitución. No lograron el apoyo mínimo para que se incluyeran en ningún orden del día. Por eso en el PP y Cs hablan de “cerrojazo” de la mayoría progresista y culpan directamente al comportamiento “partidista” de la presidenta, la socialista Meritxell Batet.

Desde la perspectiva política la legislatura se ha consumido en una investidura fallida en julio, un par debates políticos de control al Gobierno y, sobre todo, en hacer tiempo por si se alcanzaba un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos que no llegó.

La ausencia de Gobierno, al estar en funciones, tuvo relación directa con la escasa actividad del Parlamento. Desde su constitución, el 21 de mayo, tan solo se formaron los grupos parlamentarios y las 28 comisiones legislativas. Estas últimas incluso tardaron más de lo habitual y no se conformaron hasta finales de julio. Algunas comisiones mixtas no se han llegado a formar y la mayoría no se han vuelto a reunir.

Esa tardanza, argumentada oficialmente en que se quería conocer las funciones y competencias de cada ministerio del futuro nuevo Ejecutivo, tampoco facilitó que los diputados pudieran debatir nada en sus comisiones. El grupo de ultraderecha Vox, que se ha estrenado en el Congreso, cuestionó desde la composición y número de los componentes de esas sesiones y hasta que cobrasen sin citarse. Todos los demás partidos coincidieron en razonar que esos son los métodos normales para trabajar en un parlamento democrático.

La legislatura ya arrancó consumiendo tiempo y recursos sobre la inédita toma de posesión del acta de siete diputados catalanes que se encuentran en prisión o fugados de la justicia por su implicación en el proceso independentista. Tuvieron que intervenir los servicios jurídicos del Congreso y el Tribunal Supremo.

A falta de leyes sí hubo un debate de investidura del aspirante a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha marcado todo el mandato. Sánchez también compareció para dar cuenta de los acuerdos sobre los principales cargos europeos. Y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para justificar las vueltas por el Mediterráneo del buque español Open Arms sin que ningún Gobierno admitiera el desembarco en sus puertos de los inmigrantes que había recogido. Todos esos debates derivaron en reproches sobre las negociaciones frustradas para otra sesión de investidura.

En el aspecto de control al Gobierno se han producido 12 interpelaciones urgentes, 34 preguntas orales en pleno, 16 orales en comisión, 4.740 preguntas escritas, 154 sobre la situación de la Corporación RTVE, ha habido 12 comparecencias de ministros en el hemiciclo, 10 de cargos del Ejecutivo en comisiones y 16 de otras autoridades y funcionarios. Tan solo se salvará de la quema, al no ser una iniciativa legislativa, una Declaración defendida por el diputado de Unidas Podemos-Equo, Juan López de Uralde, el 17 de septiembre, que declaró la emergencia climática en España.