España quitará derechos a los residentes británicos si no obtiene igualdad de trato

España exige reciprocidad al Reino Unido en uno de los aspectos más sensibles del Brexit: el trato a los ciudadanos expatriados. El Gobierno español legisló de urgencia para blindar los derechos de los 365.967 británicos que residen oficialmente en el país y echa en falta mecanismos similares en el Reino Unido. El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha trasladado ya el mensaje al Gobierno de Boris Johnson y ha advertido de que, sin un esquema británico equivalente, el marco español para los residentes británicos decaerá. Más de 86.000 españoles han solicitado ya la residencia permanente.

El destino de más de medio millón de personas (los 365.967 británicos que viven en España y los 180.000 españoles que residen en el Reino Unido) depende del modo como se consume el divorcio entre Londres y Bruselas. Tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el de Boris Johnson desean preservar los derechos de este colectivo, pero las fórmulas empleadas para hacerlo difieren. El Reino Unido ha puesto en marcha un esquema general para todos los ciudadanos de la Unión Europea —entre ellos, los españoles— que congela, con matices, el abanico de derechos que hoy disfrutan por el paraguas común que proporciona la UE. El mecanismo consta de dos categorías: el estatus de residente, con condiciones muy generosas, y el llamado estatus de prerresidente, que otorga menos derechos. Las cifras oficiales británicas arrojan un descenso en la proporción de ciudadanos que encajan en la primera categoría. Si en abril de este año, cuando el sistema arrancó oficialmente, lo recibían el 66% de los solicitantes, hoy el porcentaje ha bajado al 57%.

España ha optado por un camino diferente. El Gobierno aprobó en marzo un decreto ley muy detallado por si la ruptura entre el Reino Unido y la UE es inamistosa. Ese esquema contempla casi todas las facetas de la vida diaria de los ciudadanos; entre ellas la convalidación de títulos universitarios y permisos de conducir, la prestación sanitaria o el permiso de trabajo. También garantiza, con limitaciones, la continuidad en la actividad de empresas británicas que operen en España.

El ministro británico para el Brexit, Steve Barclay, se reunió la semana pasada en Madrid con el jefe de la diplomacia española. Los derechos de la ciudadanía, uno de los elementos más simbólicos del divorcio británico, centraron parte del debate. Barclay agradeció el real decreto ley aprobado por España, el destino preferido de los británicos expatriados. Borrell advirtió de que esas condiciones tan ventajosas solo se mantendrán si son recíprocas, un planteamiento sobre el que la delegación británica pidió aclaraciones.

“Les hemos dicho que nuestro real decreto facilita que todo siga igual en caso de Brexit no pactado. Pero para eso es necesaria la reciprocidad. Y la reciprocidad no se puede garantizar a medias: se da o no se da”, señala en conversación telefónica Luis Marco Aguiriano, secretario de Estado para la UE, que participó en la reunión con el ministro británico el pasado jueves.

Dos meses

El decreto ya fija desde el principio esa condicionalidad. El artículo 2 estipula que si en dos meses las autoridades británicas no otorgan “un tratamiento recíproco” a ciudadanos y empresas españoles, “serán suspendidas las medidas reguladas” en el texto legal. Aguiriano recuerda ese requisito y advierte de que el Reino Unido no lo tiene regulado por ley.

Frente a ese enfoque, las autoridades británicas replican que su esquema para prolongar los derechos de los ciudadanos comunitarios que ya residan en el país garantiza las condiciones que recoge el decreto español. El plan de Londres incluye el derecho a trabajar, a usar el sistema sanitario, a acceder a la educación, a recibir prestaciones como pensiones y a viajar dentro y fuera del Reino Unido, aunque con un tope de cinco años para permanecer fuera del territorio británico. Fuentes diplomáticas argumentan que no se pueden buscar correspondencias exactas entre ambos textos, pero dan por cumplido el requisito que exige el Gobierno español. “Aunque haya algún elemento que requiera un desarrollo posterior, por nuestra parte lo consideramos cumplido”, defienden las fuentes británicas.

Para aclarar toda la letra pequeña, ambas partes se han citado de nuevo la primera semana de octubre. En este caso no acudirán los dirigentes políticos, sino responsables de niveles más técnicos. El objetivo es alejar al máximo la incertidumbre de un Brexit que, si no hay cambios, se producirá el próximo 31 de octubre. De momento no existen garantías de que la salida se produzca con acuerdo.

Más allá de la cobertura que ofrezca, el esquema británico para obtener la residencia permanente tras el Brexit no es automático. Un total de 86.400 españoles han solicitado acceder a ese estatus blindado hasta el pasado 31 de agosto, según datos del Gobierno británico. Se trata de casi un 7% de todas las solicitudes europeas, lo que convierte a los residentes españoles en el quinto colectivo europeo más numeroso. El Ministerio de Asuntos Exteriores calcula que, de ese grupo, unos 70.000 ya han conseguido la residencia permanente, un porcentaje elevado (81%), pero no exhaustivo.