La amenaza de nuevas elecciones lastra el inicio de los debates del Congreso
Esta semana se retoman los plenos y las sesiones de control al Gobierno
Desde esta semana, el Congreso se dispone a trabajar por fin de una manera regular, con plenos legislativos y de control al Gobierno, pero en un modo de espera. La amenaza de fracaso porque no se logre la investidura presidencial y la fecha límite del 23 de septiembre para convocar otras elecciones pesan sobre la organización de todos los partidos y también sobre la presidenta de la Cámara baja. Meritxell Batet se defiende de las acusaciones de obstrucción y de favorecer al Ejecutivo que le lanza la oposición, pide pese al actual bloqueo de la investidura más “normalidad” y espera que la legislatura sea completa.
La XIII Legislatura no está siguiendo los patrones normales de funcionamiento de las Cortes porque se le han cruzado en el camino muchos factores inusuales. Las dos Cámaras se disolvieron el 5 de marzo para la convocatoria de las elecciones del 28-A y la última sesión de control al anterior Ejecutivo se celebró el 27 de febrero. Aún no ha habido otra. La primera está programada para el miércoles. El Legislativo arrastra la sensación de que apenas ha registrado actividad. La labor hasta ahora de la Cámara y de la propia presidenta ha sido escasa, pero en gran parte por el panorama político con el que ha debido lidiar.
El Congreso ha vivido un año con un Gobierno en precario saliendo al paso con iniciativas pactadas con sus socios de la moción de censura que echó a Mariano Rajoy (Podemos y partidos nacionalistas) por la vía excepcional de 35 decretos leyes. Pero en la mirada más larga hay un país y un Ejecutivo sin Presupuestos nuevos y con un reguero de periodos parlamentarios inhábiles por las recurrentes convocatorias electorales.
La oposición de derechas, por primera vez con tres partidos disputándose la tribuna, promete poca colaboración y mucha dureza. PP, Ciudadanos y Vox no tienen visos de poder trabajar juntos, pero sí de buscar un clima correoso. La semana pasada, tras la Junta de Portavoces, las tres formaciones desgranaron críticas contra el Gobierno y también contra Batet, a la que tildan de su guardameta en el Congreso.
Nuevo “rodillo”
“En este tiempo no se ha hecho nada, y la presidenta ha estado parada haciendo trabajar al Legislativo al dictado de Pedro Sánchez”, opina Miguel Gutiérrez, secretario del grupo parlamentario de Ciudadanos. PP, Vox y Cs también han acusado a Batet de no convocarles para cuestiones logísticas como el reparto de escaños: “El rodillo que le achacaban a Rajoy ahora lo aplican ellos”.
Algunas quejas se sustentan poco tiempo. Como la arremetida de Vox porque no suspendiera una visita de una delegación iraní que no quería contacto físico con las mujeres políticas cuando esa competencia no era suya ni tuvo conocimiento de ese incidente. Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz del PP, responsabilizó a Batet de no permitir la calificación obligada para incluir esta semana una proposición de su partido que pone la lupa sobre hasta 90 posibles juramentos irregulares de diputados nacionalistas en la constitución de las Cortes. El problema es que para ser calificada requería la unanimidad de todos los partidos, no solo de Batet.
El tono de muchos ataques es poco institucional y eso encrespa a Batet, pese a que hasta portavoces del PP y Cs consultados admiten que en las citas de la Mesa es “más flexible y natural” que su antecesora, la popular Ana Pastor, que dominaba más la función del cargo por experiencia. Para suplir esa carencia se fía más, hasta ahora, de los criterios expertos del letrado general de la Cámara.
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