Ciudadanos y transportes centran las medidas de contingencia

El decreto de contingencia aprobado el pasado mes de marzo dedica el grueso de sus 31 páginas a detallar los derechos de los británicos residentes en España y a esbozar medidas que agilicen el transporte (especialmente con Gibraltar) en caso de una salida desordenada de Reino Unido. Estos son los principales elementos:

Ciudadanía. España quiere blindar las condiciones que hoy disfrutan los más de 300.000 británicos que residen en el país y que tienen derecho a todas las prestaciones (incluido el voto en las elecciones municipales) gracias a la pertenencia a la UE. En ausencia de un Brexit pactado, quienes acumulen cinco años de residencia continuada en España obtendrán la residencia de larga duración. Quienes trabajen y coticen en España se regirán, al menos durante los 21 meses posteriores a la fecha de salida, por las mismas reglas de la Seguridad Social española. Y cualquier periodo cotizado en Reino Unido antes de la retirada computará para las pensiones de trabajadores que luego continuaran su carrera en el sistema español. El derecho a la asistencia sanitaria también estará garantizado durante 21 meses. Y el permiso de conducir británico será válido durante nueve meses. Todo el capítulo de ciudadanía viene precedido de una condición relevante: España cumplirá estos compromisos solo si Londres aplica las mismas condiciones a los alrededor de 180.000 españoles que residen en suelo británico.

Cooperación policial. Para evitar posibles lagunas en la lucha contra la criminalidad, se establece un procedimiento de reconocimiento mutuo de las resoluciones penales, se facilita la continuidad en el trabajo de los equipos conjuntos de investigación que ya estuvieran en marcha antes del Brexit y se mantienen los intercambios de información que hubieran comenzado antes de la fecha de retirada. Los trámites que se inicien después se regirán “por los convenios internacionales en vigor entre ambos Estados y por la legislación nacional”.

Aduanas. Las autoridades españolas pueden tramitar, desde que se publicó el decreto, el pasado 2 de marzo, solicitudes de operadores británicos o españoles que realicen comercio de bienes con Reino Unido que quieran seguir operando cuando este país sean un tercer Estado para la UE. El decreto, además, prevé la convocatoria de 50 plazas de trabajadores públicos en los puertos para que hagan frente a los trámites adicionales a los que se verán sometidos las mercancías británicas.

Transporte. Las aglomeraciones en fronteras constituyen uno de los principales temores frente a un divorcio inamistoso (Reino Unido es el primer país emisor de turistas hacia España y el tercer receptor de bienes y servicios españoles). Se permitirá seguir realizando transporte de mercancías entre territorio británico y español si la empresa cuenta con autorización emitida en Reino Unido. En el caso de los aeropuertos, el Gobierno español apenas añade nada a la detallada contingencia que ha establecido la Comisión Europea. Solo establece que los vuelos hacia Reino Unido se equipararán a los del Espacio Económico Europeo a efectos de tasas de pasajeros. La fecha, pese a todo, tendrá que ser revisada porque el decreto estableció el 28 de febrero de 2020 cuando la salida británica estaba fijada para el 30 de marzo de 2019. Es probable que ese horizonte de febrero se amplíe.