El norte de Marruecos no es tierra para los subsaharianos

Mohamed tiene un callo en la muñeca del tamaño de una pelota de pimpón. Se lo señala intentando ilustrar cómo actúan los agentes marroquíes cuando pillan a alguien en las cercanías de la valla que separa Nador de Melilla, Marruecos de España. “Nos aproximamos cuatro personas”, recuerda de aquel primer intento de salto fracasado, “un perro alertó a los militares, estábamos escondidos en la maleza, nos vieron, nos atraparon y nos empezaron a pegar. Me dieron en el pie, en el brazo, en la cabeza”.

Organizaciones como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) denuncian un aumento de la violencia contra los migrantes subsaharianos que se refugian en Nador a la espera de acceder a la vecina Melilla. Para Omar Naji, vicepresidente y delegado en la provincia fronteriza, se trata de operaciones de “venganza gratuita”. “La principal diferencia con respecto al año pasado son las detenciones masivas de emigrantes”, asegura; “en 2019 ha habido más de 9.000 detenidos”. “El norte de Marruecos es territorio prohibido para los subsaharianos”, puntualiza.

A Mohamed, migrante maliense de 23 años, le quedaban por delante seis meses y medio de traslados sumarios, redadas, palizas y robos, hasta que en julio, a la séptima, consiguió cruzar la barrera y poner pie en Europa. Otros dos compatriotas se quedaron por el camino. “Eso es algo que realmente me chocó”, reconoce ya en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde reside desde hace dos semanas. “La policía y los militares marroquíes te tratan como un perro, te dan por todos lados”.

Las detenciones se producen de forma aleatoria y sumaria. Después, los migrantes son trasladados a ciudades alejadas de la frontera, hacia el sur, como Errachidia, Beni Melal o Fez, donde, hasta 2018, podían permanecer en campamentos a las afueras, ahora arrasados. Ya no tienen lugar de reposo. “La única alternativa es regresar a Nador, a la frontera”, esgrime Mohamed, que pasó varios meses entre Beni Melal y Casablanca.

“Es un juego”, critica Naji, “una paradoja de la política migratoria marroquí: ¿para qué detener y trasladar a migrantes que luego van a regresar a Nador?”. El activista se responde: “Marruecos tiene que justificar la financiación que viene de Europa”. La letanía de violaciones cometidas por las fuerzas auxiliares, un cuerpo paramilitar dependiente del Ministerio del Interior marroquí, no es nueva, pero sí se ha sistematizado en un “clima de terrorismo” contrario a la propia ley marroquí, según el representante de la AMDH.

“A veces mandan matones que nos atacan con cuchillos para que no podamos decir nada”, cuenta Samba, maliense de 21 años aficionado al fútbol. El joven es una de las 51 personas que saltaron la valla en el último salto colectivo el pasado julio. Unas 200 personas lo intentaron. “En el mismo momento del salto, empezaron a apalearnos”, recuerda, “disparaban con pistolas eléctricas, nos tiraban piedras, nos daban con palos”. Samba pasó más de un mes a la intemperie en las afueras de Yutía, una barriada a las faldas del monte Gurugú, uno de los puntos de acercamiento al perímetro melillense para preparar los saltos. Allí, las redadas son constantes: “No damos problemas, pero los marroquíes vienen a por nosotros”.