467 heridos buscan una respuesta sobre O Marisquiño

La euforia por el éxito de la última edición del festival de música O Marisquiño, en Vigo, no hace olvidar el accidente que hace un año dejó en evidencia las medidas de seguridad del evento y puso seriamente en cuestión su continuidad. La medianoche del 12 de agosto de 2018 cientos de espectadores se agolpaban en torno al club náutico para escuchar al rapero Rels B cuando el muelle se hundió de repente. Los 467 heridos por el colapso de la envejecida estructura de madera y hormigón y la avalancha humana que sobrevino segundos después esperan todavía la respuesta de la justicia.

Todavía no hay un dictamen judicial que aclare las causas del desplome, por lo que tampoco se ha podido determinar la posible responsabilidad que han tenido en el siniestro tanto el Ayuntamiento de Vigo como la Autoridad Portuaria. El alcalde, el socialista Abel Caballero, y el que fuera destacado dirigente del PP, el presidente del puerto Enrique López Veiga, siguen enfrentados. Para eludir cualquier competencia sobre la estructura ambos esgrimen informes periciales y viejos documentos, como el ambiguo convenio que implica a las dos instituciones en el mantenimiento del paseo marítimo.

Para los afectados, la causa judicial está resultando más lenta de lo esperado. El juzgado no ha permitido que la compañía aseguradora de O Marisquiño adelante el pago de las indemnizaciones. Estas fueron reclamadas de manera individual y por vía civil, pero para poder cobrarlas tendrán que esperar a que la juez instructora cierre la investigación penal que se abrió tras el accidente.

Aunque en el hundimiento del pantalán no hubo víctimas mortales, alguno de los afectados ha tardado casi un año en recuperar su vida normal y más de un centenar han precisado ayuda psicológica. El Juzgado de Instrucción 3 de Vigo, que abrió una investigación en agosto de 2018, todavía está incorporando informes forenses sobre las víctimas para conocer el cuadro médico de cada una. La causa acumula no solo las denuncias de las víctimas sino también de partidos políticos, como el PP, y organismos públicos que se han personado como acusación junto al Ministerio Fiscal, excepto el Ayuntamiento de Vigo.

En la fase de instrucción, la causa se ha dirigido contra Carlos Domínguez Fernández, fundador y director del festival de O Marisquiño, por un presunto delito de lesiones por imprudencia. Por ahora es el único que figura como investigado al ser responsable del evento en el que se desplomó parte de la estructura de madera y hormigón del muelle donde se agolparon los espectadores a través de la empresa Ulises Proyect Eventos Especiales S.L. Mapfre aparece como la aseguradora del evento musical.

Dependiendo del resultado de las pesquisas, y una vez que la juez determine las competencias municipales y portuarias, cabe la posibilidad de un cambio en la tipificación del delito, que en este momento de la instrucción se ha calificado como leve. Una conclusión que no parece muy fácil dado que el Parlamento gallego abrió una investigación paralela sin llegar a aclararlo rotundamente.

Para el portavoz de la plataforma de afectados, Julio López, “hay que hacer un evento donde no te puedas caer al mar”. “Da igual a qué personas o partidos apunten las investigaciones. Cuando hablamos de la parte de abajo del paseo, la que estaba supuestamente en mal estado y que provocó el colapso del muelle, aunque la responsabilidad del Ayuntamiento sean solo las tablas de arriba, no se puede autorizar un evento por prudencia”, razona.

Tanto la plataforma de afectados como la Federación de Vecinos de Vigo han estado desde el principio apoyando a las víctimas. Julio López y María Pérez se han reunido con portavoces políticos para agilizar sus demandas. Aunque han lamentado la lentitud de la causa. “Las víctimas y sus familias merecen que se investigue hasta el final y que no vuelva a ocurrir un hecho semejante”, han incidido.

La última edición del festival ha potenciado la seguridad con nuevas tecnologías. Una aplicación de teléfono móvil diseñada para eventos en espacios de grandes dimensiones (150.000 metros cuadrados) permite al usuario mantenerse en permanente contacto con el centro de control del evento.

La zona cero del accidente todavía sigue sin reparar, aunque está tapada con una lona. Los organizadores pidieron autorización al puerto para adecentar el lugar y evitar que la huella del derrumbe quedase a la vista durante el festival, que se ha celebrado este fin de semana con unos 160.000 asistentes. El puerto no ha querido adelantar el dinero de la reparación de la pasarela de hormigón y madera mientras no exista una resolución judicial. En mayo pasado hubo otro hundimiento parcial que ha llamado la atención de los técnicos para que se extreme el control sobre esta vieja estructura.