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Tres años de cárcel a un funcionario por pedir “un regalito” al tramitar permisos de residencia a inmigrantes

El tribunal afirma que el funcionario de la Oficina de Extranjería de Pontevedra cometió un delito continuado de soborno

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Colas ante una oficina de trámites de extranjería.

Un jurado popular consideró acreditado en su veredicto de culpabilidad que en 2016 un funcionario de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra se excedió de sus funciones al pedir y cobrar diversas cantidades de dinero a mujeres inmigrantes cuando estas solicitaban permisos de residencia a cambio de tramitar los expedientes. Ahora, el tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra ha condenado al acusado a tres años de cárcel como autor de un delito continuado de soborno y siete de inhabilitación para empleo o cargo público.

La sentencia difundida este lunes por el Tribunal Superior de Galicia (TSXG) da credibilidad a las víctimas del soborno que declararon como testigos en el juicio. Todas ellas coincidieron en que el acusado les pedía dinero, “un regalito”, y han confirmado que el funcionario llegó a cobrar cantidades de entre 50 y 150 euros por tramitarles el papeleo.

El tribunal concluye que el funcionario de la Oficina de Extranjería, “durante la realización de sus funciones propias de su trabajo y sin ningún derecho, solicitó y recibió de las mujeres intervinientes en los expedientes dinero para su tramitación”, al menos en siete ocasiones.

Según el relato de uno de los testimonios recogidos en la sentencia, cuando la mujer fue e realizar el papeleo, “Francisco Javier le pidió más dinero de lo que llevaban como regalito para él, y como en ese momento solo tenían dos euros, él le dijo que eso no le daba ni para un café “.

Días después, la mujer accedió a entregarle 100 euros metidos en un sobre que le llevó a la oficina de Extranjería y otros 50 euros se los dio días después, cuando se encontraron en una calle detrás del Ayuntamiento de Pontevedra.

El acusado ha negado los hechos durante el juicio. Él insistió que no tenía competencias sobre la resolución de los expedientes pero sus argumentos “no han resultado creíbles para el tribunal”, según expone la sentencia. El funcionario había declarado que pudo producirse un problema de doble interpretación de sus palabras, ya que “cuando utilizaba la expresión de ‘un regalito’ se estaba refiriendo al que iba a recibir el Estado por el cobro de las tasas administrativas”. “Porque una cosa era lo que yo decía y otra bien distinta la que la gente podía interpretar”, se defendió.

En el mismo fallo, la Audiencia ha denegado la suspensión de la pena privativa de libertad porque considera que la condena impuesta es proporcionada. El fiscal había solicitado 8 años de prisión. La sala ha tenido en cuenta “la gravedad de los hechos, el número de actos delictivos cometidos por el acusado y el menoscabo final del bien jurídico”. Además también le ha condenado a devolver a las mujeres el dinero que le entregaron y al pago de una multa de 5.400 euros.

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