Cs deja que el PP se quede con Castilla y León pese al “cabreo” de sus militantes con el pacto

El PP y Ciudadanos de Castilla y León han firmado este viernes un acuerdo programático de cien medidas que incluyen 18 sobre regeneración política, y otros puntos como la fiscalidad, sanidad, educación o políticas sociales. El acuerdo lo han suscrito y presentado juntos los líderes en la región del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y de Ciudadanos, Francisco Igea, y éste último lo ha dejado condicionado también a cerrar en dos semanas la composición de un Ejecutivo con consejerías y consejeros a su gusto. Igea, además, ha confesado que asumió el acuerdo contra su criterio, por imposición de la ejecutiva nacional que preside Albert Rivera, y reconoció que causará "decepción" entre sus votantes. El PP lleva 32 años gobernando esta comunidad. Igea, en campaña, había apostado por la regeneración y la renovación y acabar con esa etapa.

El documento programático presentado en una rueda de prensa por los líderes autonómicos de ambas formaciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Francisco Igea (Cs) se inicia con el compromiso mutuo de reforzar la protección de los informantes sobre delitos contra la Administración. Asimismo, impulsarán una reforma "urgente" del Estatuto de Autonomía de Castilla y León para suprimir los aforamientos tanto de los procuradores de las Cortes como de los miembros del Ejecutivo autonómico.

El líder de Ciudadanos en Castilla y León ha reconocido que los votantes de su formación le trasladan "cabreo" por alcanzar un acuerdo de gobernabilidad con el PP, aunque ha confiado en que el cambio que prometió en campaña se materializará en los próximos 4 años. "Estoy seguro de que muchos votantes de Cs se sienten hoy decepcionados", admitió Igea. El portavoz de la formación naranja aún no ha decidido si será vicepresidente del Gobierno regional que presidirá el PP. "Han sido días duros. Si nos cortan, sangramos", puso de ejemplo. El barón regional, del sector socioliberal del partido que se enfrentó y ganó en primarias a la candidata oficial que patrocinó Rivera, lanzó otro aviso: "Ciudadanos no es ni debe ser un partido de trincheras".

Ante la presión de la dirección nacional de Cs, Igea cedió a sus deseos y aceptó el pacto de cogobierno también en Castilla y León con el PP. Y luego lo justificó como pudo: "Esperemos que este conjunto de medidas finalmente sea una realidad si se llega a un acuerdo de gobierno". Y hasta quiso apuntar que esta permanencia del PP en el Ejecutivo cumple con su compromiso de "cambio" porque "en breve" se abrirá un "nuevo periodo" en Castilla y León: "Mi objetivo es que dentro de cuatro años quienes nos votaron digan: sirvió para algo".

Tras la rúbrica de este acuerdo programático, el candidato del PP valoró este primer paso "crucial, vital y fundamental" hacia un gobierno de coalición que definió como "renovado, centrado, liberal y que responda a los retos de Castilla y León". Fernández Mañueco aseguró así que a partir de ahora los dos partidos coaligados se centrarán en perfilar la estructura del nuevo ejecutivo "con la misma intensidad" y voluntad de "mano tendida" con el fin de "llegar a acuerdos" como el alcanzado para las 100 medidas programáticas.

Alfonso Fernández Mañueco reveló que se siente con "responsabilidad" y "confianza" para poner en marcha el nuevo Gobierno entre los dos partidos: "En estas primeras negociaciones he aprendido a ponerme en la piel del otro, con líneas rojas y muros no se avanza".

Entre los puntos incluidos en este apartado de regeneración se incluyen compromisos como la restricción de los puestos de libre designación, la simplificación burocrática, el reparto objetivo de los planes de medios y publicidad institucional o la limitación de mandatos a ocho años para los cargos públicos. Los firmantes han reconocido en el documento "excepciones" a estas limitaciones, que deberán estar "justificadas", aunque en ningún caso serán aplicables a los Consejeros.

Del mismo modo, también quieren extender esta limitación de mandatos a los alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes y Presidentes de la Diputación en los casos en los que se suscriban acuerdos de gobernabilidad entre PP y Cs, mientras que en caso de los cargos que ya fueran alcaldes o presidentes desde hace cuatro años o más el cómputo de ocho años comenzará desde la firma de los acuerdos suscrito hace cuatro años entre ambos.

Menos diferencias programáticas han encontrado populares y naranjas en materia fiscal, donde ambos han acordado una "fiscalidad favorable" al mundo rural de la región a través de bonificaciones y deducciones del IRPF o la bonificación del 99 por ciento del impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos.

Es esta una bonificación que sería ampliable a las sucesiones en la empresa familiar o agraria o para la adquisición de la primera vivienda en el mundo rural. En materia económica y empleo, el acuerdo programático comienza este epígrafe con el compromiso de fomentar la igualdad para que el número de puestos de trabajo ocupados por mujeres 'se acerque, cada vez más, al de hombres', con bonificaciones a las empresas. También prevé la reducción de los trámites administrativos, el impulso del I+D+i o la captación de talento y transferencia de conocimientos.

En sanidad, se comprometen a reducir las listas de espera mediante la realización de una auditoría tras la que se publicarán las "listas de espera estructurales y no estructurales" para adoptar soluciones. La promoción de la libre elección de hospital, el impulso de la transparencia, pero, especialmente, el aumento progresivo del gasto destinado a Atención Primaria, con el objetivo de alcanzar el 20 por ciento del total del gasto del Servicio de Salud al final de la legislatura son otros acuerdos incluidos en el documento.

En Educación, las dos formaciones pretenden avanzar en la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años y aumentar los recursos a las universidades con mejores "resultados de empleabilidad o investigación", y queda fuera de este acuerdo la reivindicación de una EBAU única en toda España. En políticas sociales, PP y Cs han pactado desarrollar en el ámbito de las competencias autonómicas una Ley de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir -Ley de Muerte Digna-; fomentar la integración de los inmigrantes y la dotación presupuestaria del acuerdo nacional de lucha contra la violencia de género, con 'especial énfasis en la evaluación de los resultados'.