Dos miembros de la Junta Electoral pidieron anular el acatamiento de una eurodiputada de ERC

Ocho votos a favor, dos en contra. Dos miembros de la Junta Electoral Central, presentaron el lunes sendos votos particulares para oponerse a aceptar como válida la fórmula de acatamiento a la Constitución de la eurodiputada electa Diana Riba i Giner, de ERC, al considerar que el acatamiento a la Ley Fundamental no se produjo al hacer referencia a”presos políticos” y “exiliados”. Estos votos corresponden al magistrado del Tribunal Supremo Antonio Fonseca y al catedrático de Derecho Administrativo Andrés Betancor.

La fórmula utilizada por Riba fue la siguiente: “Por una Europa de las libertades, inclusiva, por el derecho a la autodeterminación, por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados, por imperativo legal, prometo”.

Incluso aunque se admitiera “la degradación del acto de acatamiento, no se puede confundir la manifestación de una aspiración con la puesta en cuestión del carácter democrático” de España, señala el profesor Andrés Betancor, uno de los autores del voto particular. La promesa de acatar la Constitución “es manifiestamente incompatible con la proclamación de que hay presos políticos y exiliados”. Un Estado social y democrático de Derecho, cuya forma política es la Monarquía Parlamentaria, no admite en su seno presos políticos ni exiliados, razona Betancor. “Quien así lo proclama , cuando accede a un cargo, no está manifestando una voluntad de acatar, al contrario, está manifestando que no acata y lo que eso implica, que no acepta todas las obligaciones asociadas al cargo de diputado del Parlamento Europeo”. Por estas, entre otras razones jurídico - constitucionales que expresa este vocal de la Junta Electoral Central, Diana Riba, no ha cumplido con el requisito del artículo 224 de la LOREG, Ley Electoral. “En consecuencia debería quedar vacante el escaño hasta tanto hiciese una manifestación de acatamiento a la Constitución”.

Sin apelación al 1 de octubre 

Para la posibilidad de que hubiera eurodiputados electos que se extralimitaran en su fórmula de acatamiento a la Constitución estaban preparados los miembros de la Junta. Pero la no referencia directa de Diana Riba a España sino a la invocación de que esas situaciones no deben darse en Europa sirvió para que ocho frente a dos miembros de la JEC dieran por bueno el acatamiento en una interpretación flexible. Los miembros del máximo órgano electoral tras el acto de acatamiento se reunieron para analizar las fórmulas utilizadas por los 50 eurodiputados que acudieron a formalizar su condición parlamentaria. A todos les dieron el visto bueno aunque si alguno no lo hubiera obtenido se le habría requerido para que rectificara y utilizara una fórmula conveniente. Se les iba a dar la oportunidad de cambiar sus expresiones.

Una vez terminada la sesión el ambiente general sobre qué haría la Junta se encaminaba a que todos iban a pasar el corte. La única duda que se expresó fue precisamente sobre la diputada electa de ERC Diana Riba, esposa del exconseller Raül Romeva, en prisión por la causa del proceso secesionista en Cataluña. No obstante, la mayoría consideró, como así ocurrió, que tampoco Riba tendría problema. Otra cosa hubiera sido, según fuentes parlamentarias, que hubiera invocado “la legalidad del 1 de octubre”, cuando se convocó el referéndum ilegal en Cataluña por lo que se abrió un proceso penal al que se está a la espera de sentencia y mantiene en prisión a políticos independentistas, en tanto que otros, como Carles Puigdemont y Toni Comín huyeron a Bélgica.

La mayoría de los miembros de Unidas Podemos y otros grupos de izquierda acataron la Constitución pero precedieron la promesa a la defensa de los derechos de las mujeres, de la igualdad, de los derechos sociales, de la paz, del socialismo, de la protección del medio ambiente, entre otros. Los eurodiputados de Vox juraron por España